Al empezar su jornada de trabajo el jueves, uno de los técnicos de las ambulancias para traslados no urgentes en A Coruña revisó las horas a las que se habían solicitado los servicios de los que se iba a ocupar. El primer paciente al que atendió llevaba unas siete horas de espera para que lo trasladasen. Esta comprobación no es extraña en la rutina de este trabajador, que ha ido anotando los casos en los que se supera el máximo establecido, de cinco horas, y tiene una lista con decenas de nombres desde principios de 2019. La demora máxima en su registro es de 11 horas, en agosto del año pasado.
En un momento en el que la Xunta considera Galicia un “hospital único”, afloran deficiencias en uno de los eslabones de esa estrategia: el del traslado de pacientes para aligerar la presión en los centros sanitarios. Y lo hacen en las áreas sanitarias con más presión asistencial, las de A Coruña y Ferrol. En esta última, el colapso en la unidad de críticos ha llevado a trasladar pacientes graves con COVID-19 a otros hospitales.
Un sanitario de urgencias de Ferrol confirma que en el último mes las esperas son habitualmente de cuatro o cinco horas. Ante esta situación, intentan que el desplazamiento sea por medios propios si existe la posibilidad. Las cuestiones realmente urgentes, se priorizan, pero “lo que puede esperar, espera, y mucho”, agrega.
En el caso de personas que han dado positivo por coronavirus y vuelven a sus domicilios porque no necesitan quedarse ingresadas, la situación “es un caos” y las demoras se elevan a ocho horas, indica. Otro profesional médico de la misma área apunta a que, cada vez que es un paciente con coronavirus el que ha usado el vehículo, hay que desinfectar y eso aumenta los tiempos entre servicios.
El técnico de ambulancias que lleva un registro de los peores retrasos, que prefiere no dar su nombre, atribuye las demoras a la falta de medios materiales y humanos. Denuncia que los incumplimientos no se limitan a este aspecto y que, además, no funcionan todas las ambulancias que figuran en el contrato entre la empresa y la Xunta. El servicio lo presta la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Servicios Sanitarios de La Coruña y Ambulancias María Pita, que asegura a elDiario.es que están “disponibles” los 47 vehículos que exige el concierto con el Gobierno gallego.
Los trabajadores denuncian que las ambulancias que realmente funcionan son menos y aportan los datos del personal que hay en cada turno: entre lunes y viernes, cuando hay más profesionales trabajando, no hay nunca más de 24 por la mañana, 14 por la tarde y cuatro por la noche para el área sanitaria de A Coruña-Cee. Los cálculos, hechos por la CNT, se basan en los horarios de los empleados. El delegado de personal, Néstor Torea, critica que, si para un servicio hace falta más de un profesional, eso supone que se para una de las unidades y su conductor hace de camillero en otra ambulancia.
La empresa admite los retrasos en los traslados: “Somos conscientes de que, tal y como está la situación sanitaria en A Coruña, en algunos casos han aumentado los tiempos de espera”. Argumenta que la carga de trabajo y las medidas de seguridad derivadas de la pandemia “ralentizan algunos servicios”. Los trabajadores, por su parte, aseguran que no siempre se cumplen las medidas de protección y han puesto en conocimiento de la Fiscalía el caso de un equipo que trasladó a un paciente positivo por coronavirus sin el traje adecuado, pese a que, aseguran, se lo pidieron a la base. “Cuando las enfermeras los vieron llegar se echaron las manos a la cabeza, ellas estaban preparadas con el EPI”, relata Torea.
En este contexto, la Xunta negocia un nuevo concierto para prestar el servicio en el área sanitaria. Pese a los retrasos en los traslados, el Gobierno gallego pide menos ambulancias que en el contrato actual: las baja de 47 a 36. La UTE que encabeza Servicios Sanitarios de La Coruña está, según los sindicatos, bien posicionada para ser nuevamente la adjudicataria. Torea denuncia que el pliego de condiciones “parece hecho” para ello.
El proceso, no obstante, se encuentra suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia después de que lo solicitase la CIG (Confederación Intersindical Galega).