El PP gallego quiere poner fin inmediato al estado de alarma. Aunque sus principales dirigentes, a comenzar por el propio presidente de la Xunta, hablan de “defensa de los derechos de los ciudadanos”, detrás de esa retórica se encuentra en realidad un decreto: el que el 18 de marzo dejaba “sin efecto las elecciones al Parlamento de Galicia del 5 de abril de 2020”. Y según el que solo una vez que se levante la medida adoptada contra la pandemia del coronavirus habrá “nueva convocatoria” electoral.
Las prisas se han apoderado de la derecha gallega a lo largo de los últimos días. Hace poco más de una semana, después de que el lehendakari Urkullu anunciase su preferencia por llamar a las urnas durante el mes de julio, Alberto Núñez Feijóo aseguraba que la materia no estaba en la agenda de su gobierno. Pero algo ha cambiado. El anuncio del Gobierno central de intentar prorrogar el estado de alarma más allá del 11 de mayo ha impactado en la línea de flotación de la estrategia de Feijóo.
Si finalmente el Congreso la aprobase, los plazos se le achicarían al presidente de la Xunta. Porque su calendario, indican fuentes de la dirección del partido, era que los gallegos votasen en julio, lo más cerca posible de la crisis del COVID-19 y sin tiempo para que la oposición fiscalizase qué ha salido mal y qué ha salido bien. No por azar Núñez Feijóo ha pasado más de un mes sin pisar el Parlamento de Galicia. Para los medios públicos gallegos de comunicación, solo existe él. Y, según denuncian los partidos que no apoyan su gobierno, apenas les transmite información de relevancia o incluso les da plantón, como sucedió este domingo.
El engranaje popular estaba pues perfectamente engrasado. Pero no contaban con perder el control del reloj electoral. El efecto combinado de la ampliación del estado de alarma y el decreto que acordaron las fuerzas políticas gallegas -en tal vez las últimas conversaciones sinceras que mantuvieron- para suspender los comicios dificulta sus planes. Tanto que incluso ha abierto la puerta a un inaudito estiramiento de la legislatura a 2021. Este es el contexto en el que Feijóo ha pasado en apenas unas jornadas de estadista que no pensaba en las terrenales elecciones a cabeza de la ofensiva para que su partido vote en contra de que el estado de alarma vaya más allá del día 11. Esta vez sí lo comparte con el líder estatal Pablo Casado y la facción de su partido más cercana a los postulados de Vox.
El giro del presidente de la Xunta tiene su reflejo retórico. Ayer, en su comparecencia después de la videoconferencia de los mandatarios autonómicos con Pedro Sánchez, llegó a afirmar que “este estado de alarma” bordeaba el estado de excepción. Y criticó que “limita las libertades e invade los derechos individuales”. Su discurso fue contuntendente y frontal: “Esta es la reflexión que creo que debo hacer para defender los derechos y las libertades de los gallegos”. Al político, que siempre actúa con un ojo puesto en la política estatal y opina de lo divino y de lo humano, nunca se le habían escuchado sin embargo preocupaciones sobre los derechos civiles. Ni siquiera, como recordó esta mañana la portavoz del BNG, Ana Pontón, cuando el PP aprobó la ley Mordaza, criticada por Amnistía Internacional o el Consejo de Europa por “arbitraria y desproporcionada” y que el actual Gobierno ha prometido derogar.
Su nueva postura le ha valido a Feijóo una portada en la prensa estatal de este lunes junto a Íñigo Urkullu y Quim Torra como principales opositores al estado de alarma. Pero ni siquiera es unánime entre los barones del PP. Algunos, como el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, son más cautos. No tienen elecciones a la vista. Incluso el portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, no infla tanto sus declaraciones. “Existen dudas sobre la extensión del estado de alarma”, dijo esta mañana, antes de denunciar “la invasión competencial evidente en las capacidades de las comunidades autónomas”. Este otro traje que Feijóo y su partido han vestido durante esta crisis tampoco se compadece con la acción real de sus gobiernos: tras 11 años, han marcado el récord de no haber logrado ni una solo transferencia competencial ni ha mostrado mucho interés por ello.
La oposición gallega parece haber detectado el extraño nerviosismo de Núñez Feijóo, temeroso de ser despojado del manejo de los tiempos electorales. El Partido Socialista afirmaba esta mañana que “ya habrá lugar para hablar del calendario” y antes reclamaba información sobre contagios por ayuntamientos o sobre la situación real de las residencias de ancianos. “La nueva fecha de las elecciones debería hablarse entre los partidos”, señalana su secretario general, Gonzalo Caballero, “pero Feijóo escapa del Parlamento y de la rendición de cuentas”.
El BNG acusó a Feijóo de “actuar de manera unilateral” al intervenir una vez en el Parlamento y “23 en los medios públicos” y se pregúnto, a través Ana Pontón, “por qué las elecciones no estaban en su agenda la semana pasada y ahora ha pisado el acelerador”. Desde la coalición Galicia en Común, integrada por Podemos, Esquerda Unida y Anova, su candidato Antón Gómez-Reino recordaba además que había sido el propio Gobierno gallego quien en su día había propuesto que solo se pudiesen convocar nuevos comicios cuando se levantasen el estado de alarma y el estado de emergencia -este declarado por la Xunta. Así se incluyó en el decreto del 18 de marzo que ahora e inesperadamente entorpece las maniobras de Alberto Núñez Feijóo.