“Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para eso, se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”. Ese es el punto 2.2.3 del programa de gobierno firmado este lunes entre PSOE y Unidas Podemos, un punto que pone el foco en una ley impulsada durante el primer Gobierno de José María Aznar por sus dos máximos responsables sanitarios, el ministro José Manuel Romay Beccaría y el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijóo. Con ella elevaban a rango de ley diversas medidas que ya habían experimentado previamente los dos desde la Xunta como las fundaciones hospitalarias, una de las cuales, la de Verín, cuyo hospital vuelve a estar hoy en el centro de la polémica por el cierre del paritorio, fue ejemplo de mala gestión.
A la espera de que el nuevo Gobierno concrete en que consiste esa “revisión” de la ley de 1997, aquella norma sigue amparando más de dos décadas después la gestiones de los hospitales públicos “a través de entes interpuestos dotados de personalidad jurídica, tales como empresas públicas, consorcios o fundaciones”. El propio Feijóo, luego como presidente del Insalud, defendía en primera persona ese modelo, como en un artículo publicado en El País en el que aseguraba que buscaba “fórmulas eficaces para gestionar lo público” ya que a su entender “el actual sistema de gestión sanitaria está atrofiado”.
El ente fiscalizador consideró que la fundación del hospital de Verín creada en 1993 servía para “trasladar funciones propias de la Administración, substrayendo fondos públicos y bienes de dominio público para ponerlos a disposición de una entidad personal”
Sin embargo, para entonces aquel modelo de fundaciones sanitarias, que Romay Beccaría y Feijóo habían impulsado en Galicia como consejero y máximo responsable del Sergas, ya había fracasado estrepitosamente en el hospital de Verín. Su fundación, constituida en 1993, ya era un desastre apenas tres años después, en 1996, cuando en el hospital sólo funcionaban 80 camas, la mitad de su capacidad, y su gestión estaba sumida en la opacidad, en el descontrol y también en las pérdidas económicas e incluso en las cuentas falseadas. Así lo reflejaba un duro informe del Consello de Contas emitido en 1998 en el que, a pesar de advertir de que las cuentas anuales de la fundación no expresaban “imagen fiel” de lo que acontecía en Verín, era capaz de cuantificar unas pérdidas superiores a los 200 millones de pesetas -alrededor de 1,2 millones de euros- y de advertir, en general de una “grave situación financiera” que la hacía padecer una “total dependencia” del “apoyo financiero adicional” de la Xunta.
El proyecto concebido para liberar la gestión sanitaria de los vicios de la administración pública mediante “técnicas de gestión empresarial” estaba funcionando, según Contas, como “vía de escape a los controles administrativos” sin que existiese ninguna “justificación documental de la necesidad y conveniencia de promover una fundación para prestar servicios sanitarios”. El mecanismo articulado por Romay y Feijóo servía para “trasladar funciones propias de la Administración, substrayendo fondos públicos y bienes de dominio público para ponerlos a la disposición de una entidad personal”, sentenciaba el Consello de Contas.
Tras aquel informe del ente fiscalizador, cuando Romay y Feijóo ya estaban en Madrid, en 2000 el Consello de la Xunta de Manuel Fraga decidía que tanto la de Verín como las demás fundaciones hospitalarias pasaran a ser públicas. En 2003 la Xunta, de la que ya formaba parte Feijóo, daba el primer paso para integrar su personal en el Sergas, proceso culminado en 2007 por el bipartito un año antes de, en 2008, disolver definitivamente aquellas entidades y hacer los hospitales plenamente públicos tras rescatar sus fundaciones con más de 10 millones de euros.