Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han entrado este jueves en las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés dentro de la investigación abierta por la venta de las instalaciones, que eran propiedad de Alcoa, primero a un fondo de inversión y luego al Grupo Riesgo. La Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado diciembre una querella presentada contra 10 personas físicas y nueve jurídicas por la operación.
La querella fue presentada presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC). En la operación de venta se produjeron, según los sindicatos, hechos que son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirige, entre otros, contra Víctor Rubén Domenech (accionista principal de Grupo Riesgo) y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.
En la planta de A Coruña el comité ha encadenado protestas y tiene convocada una huelga desde el 26 de diciembre por el despido de una trabajadora, al que se sumó posteriormente el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.
Esta semana, el juzgado de lo social número 1 de refuerzo de A Coruña condenó a la empresa por vulneración de derechos fundamentales en relación al ejercicio de la libertad sindical.