El Partido Popular se ha estrenado en el Parlamento de Galicia después de la cuarta mayoría absoluta consecutiva de Alberto Núñez Feijóo. Y lo ha hecho este martes, 22 de septiembre, para negarse a investigar lo sucedido en las residencias de mayores, donde, hasta el momento, han fallecido 317 de las 718 personas muertas por coronavirus en la comunidad. “Son datos tremendos, pero Galicia no destaca por la gravedad de la situación”, argumentó el portavoz popular en la Cámara autonómica, Pedro Puy.
El PP rechazó así la creación de una comisión de investigación específica, propuesta por el BNG y que contó con el respaldo de los socialistas, debatida en el primer pleno de la legislatura. Puy basó su negativa en una lectura comparada por autonomías de las muertes por COVID-19 entre la población mayor. Sus conclusiones fueron que la gallega “es una de las cuatro comunidades” con la mortandad más baja en las edades elevadas.
Aunque añadió que “compartía los motivos de fondo, por los menos los declarados, de la oposición”, no consideró una “comisión de investigación la herramienta adecuada”. El propio Puy se escudó en el fracaso de órganos similares en el Parlamento de Galicia. Y, a pesar de que no lo nombró, el caso más controvertido, casi escandaloso, fue la investigación de la fusión de las cajas de ahorro, bloqueada por el PP tras un año de trabajos y que incluso le ha valido a la Xunta una condena del Tribunal Superior por ocultar información. Remitió a BNG y PSdeG a la comisión de reactivación pactada por los tres partidos con escaños en el Hemiciclo.
Para Ana Pontón, líder del Bloque y, por lo tanto, proponente de la iniciativa, la reacción del PP la indignó. “Hay que ponerse en la piel de los demás. No es un problema de medias, es un problema de dolor”, dijo. Antes había explicado la apuesta de su grupo parlamentario por ir a “un nuevo modelo de residencias que garantice una vejez digna”, tras calificar estos centros de “zona cero” de la pandemia. El Partido Socialista coincidió en la necesidad de revisar a fondo el servicio, que la Xunta deja en no poca medida en manos de empresas privadas. “Evidentemente hay problemas en las residencias, problemas estructurales”, señaló su portavoz, Gonzalo Caballero.
Nacionalistas y socialistas apoyaron sus críticas en el informe elaborado por el Consello de Contas en 2017, que identificaba serias deficiencias en las residencias y cuyas advertencias el Gobierno gallego pasó por alto. Hasta el punto de que la Consellería de Política Social ni siquiera respondió a una denuncia de las trabajadores de la residencia DomusVI de Santiago presentada en febrero, y en la que certificaban el incumplimiento de las ratio entre empleados y residentes, algo que mencionó Ana Pontón en su intervención.