Por lo menos diez técnicos intermedios de Renfe recibieron, un año y medio antes del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, en Santiago, una advertencia de que allí existía riesgo de un descarrilamiento por exceso de velocidad como el que acabó ocurriendo el 24 de julio de 2013 provocando 80 muertos.
Así se lo comunicó por escrito un maquinista jefe de Ourense, pero la operadora argumentó que no lo había hecho por el cauce reglamentario y que, en todo caso, algunos de los conocedores de esa situación, a pesar de considerar que no se incumplía la normativa, decidieron reforzar la formación a los maquinistas sobre el frenazo brusco que requería esa curva. Sin embargo, el maquinista del Alvia siniestrado, Francisco José Garzón Amo, no recibió esa formación. Así lo acaba de destacar su abogado en un momento de la instrucción en el que el foco de la misma vuelve a estar compartido por Adif y Renfe.
Adif, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria, está en el foco de la investigación casi desde el primer momento por las diversas carencias de seguridad que presentaba la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro. Su argumentación siempre fue que cumplió con la normativa, pero desde que hace casi dos años la Audiencia Provincial de A Coruña reabrió la instrucción, el juzgado está investigando si no lo hizo en un aspecto concreto, el de evaluar y tratar el riesgo de la curva de Angrois como lo exigía la normativa europea.
Fue el pasado julio cuando, preguntado por esa cuestión, el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, imputado como máximo responsable en esa empresa pública de convalidar esos análisis, apuntó como corresponsables a otros departamentos de Fomento y Renfe. Eso motivó la imputación de su homólogo en esa otra empresa pública, Antonio Lanchares, al que “situó en idéntico grado de responsabilidad que el suyo”, según el juez.
Lanchares, director de Seguridad en la Circulación de Renfe, compareció en el juzgado a comienzos de octubre para decir que ni Adif ni sus subordinados le habían informado de ningún riesgo en la curva de Angrois. Y sin que le preguntasen por la cuestión, él mismo mencionó en su declaración la advertencia formulada en su momento por el maquinista jefe de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, para decir que su Departamento nunca supo de ella porque no se había realizado por las vías reglamentarias.
Sin embargo, ahora el abogado del maquinista siniestrado acaba de presentar un escrito en el juzgado en el que, entre otras cuestiones, recuerda que entre las diez personas a las que Iglesias Mazaira envió su aviso estaba su superior inmediato, José Luis Rodríguez Vilariño, que formaba parte del Departamento de Seguridad en la Circulación, el que debía analizar esas cuestiones. Además, el aviso fue formulado por correo electrónico, uno de los canales que la propia Renfe había establecido para ese tipo de comunicaciones, según destaca el abogado.
Hace cuatro años, tanto Iglesias Mazaira como Rodríguez Vilariño declararon en el juzgado sobre esa cuestión y coincidieron en que la situación existente en la curva de Angrois, en la que los maquinistas tenían que frenar de 200 a 80 kilómetros por hora sin que existiese ningún sistema automático que evitase o paliase su posible error, estaba permitida por la normativa. A pesar de eso, decidieron “intensificar la formación” a los maquinistas sobre ese riesgo. Así lo firmaron en sendos documentos remitidos por Renfe al juzgado con una redacción tan similar que otras partes de la causa consideran que fueron obligados a hacerlo por la empresa pública.
Pero esa supuesta “formación” intensificada sobre la curva de Angrois nunca llegó al maquinista del Alvia. Como reveló hace cuatro años El País, el expediente formativo de Garzón Amo entregado al juzgado por la propia Renfe no refleja nada al respecto. Otros maquinistas que compartieron formación con él y el sindicato coinciden en esa misma falta de formación específica. Ahora, su abogado incide en esa cuestión, a la que denomina “una de las grandes mentiras” de la causa, incidiendo en que si esa mejora de la formación de los maquinistas fue la “medida mitigadora” del riesgo que existía en Angrois, debió dejar un registro de su tramitación, pero éste nunca fue aportado a la causa por Renfe.
“Al Sr. Garzón Amo no se le impartió más formación a raíz de la denuncia del Sr. Iglesias Mazaira”, dice el abogado, porque pertenecía al “Servicio de Alta Velocidad y Larga Distancia con residencia en A Coruña” mientras que Mazaira era del “Servicio de Media Distancia y residencia en Ourense”. Y esgrime el certificado formativo de Garzón que refleja que no recibió ningún tipo de formación sobre la línea Ourense-Santiago en fechas posteriores a la advertencia de Mazaira.
Sobre la adecuación o no a la normativa de los análisis de riesgos que realizaron Adif y Renfe está pendiente de emitirse un informe solicitado por el juzgado a la Agencia Ferroviaria Europea sobre el que todas las partes coinciden en que será clave para el futuro de la instrucción, junto con la determinación del o de los responsables de no realizar esas evaluaciones.
Por otra parte, por detrás de la cuestión de la responsabilidad compartida o no entre Adif y Renfe hay importantes intereses económicos. Si el único culpable del siniestro resulta ser el maquinista, las indemnizaciones corresponderán a su empleadora, Renfe. Por eso la aseguradora de Renfe, QBE, intenta desde el comienzo de la instrucción hacer corresponsable a Adif y así compartir con ella el coste.