Galicia tiene menos de cuatro psicólogos clínicos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes. Es, junto con la de Andalucía, la cifra más baja de España, de acuerdo con los cálculos de las asociaciones de profesionales. La Xunta indica que hay 85 fijos en el sistema del Servizo Galego de Saúde (Sergas), a los que se suman en torno a 20 de refuerzo. En total, son unos 105 en el mejor de los casos, una cifra que los expertos consideran insuficiente para atender a los pacientes en épocas de bonanza y que lleva a la saturación en un momento como el actual, con un deterioro de la salud mental tras un año de pandemia.
La media española se sitúa en unos seis psicólogos en el sistema público por cada 100.000 habitantes. La cifra queda lejos de las de países europeos que llegan a los 20 o a los 40, en el caso de algunos nórdicos. Los datos los cita Carlos Losada, que es psicólogo clínico en el sistema sanitario público gallego y vocal de la Asociación Nacional de Psicólogos Internos y Residentes (ANPIR). Para dar una atención “mínimamente digna” habría que llegar a 12. Hace una comparación con las vacunas: si 12 representan una, Galicia tiene un tercio de vacuna.
Destaca que la escasez de recursos genera dos problemas para quien necesita atención psicológica pública. Uno es el tiempo que se tarda en dar la primera consulta, que puede llegar a tres, cuatro o cinco meses en los que la situación “puede agravarse”. El otro es que entre una cita y la siguiente pueden pasar, de media, dos meses. Con estas esperas el tratamiento “deja de ser efectivo”. En los ensayos clínicos, agrega, la frecuencia es semanal y se puede hacer un trabajo “no perfecto, pero sí interesante” si es cada tres semanas o una vez al mes.
“Pasan tiempos que son inasumibles. Atender a una persona con un sufrimiento grave cada tres meses es una barbaridad”, denuncia Jose Berdullas, del Movemento Galego da Saúde Mental y también psicólogo del Sergas. Esta “supuesta red de asistencia”, dice, “no es tal en la realidad”. “No hay un derecho a ser bien tratado en la sanidad pública a día de hoy. A ser maltratado, sí”, critica. Ambos profesionales coinciden en que el resultado es que quien se lo puede permitir recurre a consultas privadas de psicología. Berdullas dice que esta es la solución incluso para quien lo paga con dificultades, pero “hace un esfuerzo para estar bien atendido”. Su sensación es que “en la práctica se está desmontando el sistema sanitario público en cuanto a salud mental”.
Losada, por su parte, enfatiza que “ser atendidos en la pública es un derecho” y la atención psicológica está en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. “Y no todo el mundo puede ir a la privada. Te puedes ver con el mismo problema, no porque tengas que esperar entre consultas, sino porque no tengas dinero suficiente para pagar un tratamiento completo, que pueden ser seis, 12 ó 20 sesiones a un precio entre 50 y 100 euros”, expone. Asegura que los profesionales hacen un esfuerzo y, en casos más graves, ven a pacientes fuera de agenda. Aun así “no llega”.
El problema no es que falte gente formada para ocupar estos puestos en Galicia. Hay los suficientes profesionales apuntados en las listas de contratación como para duplicar el número actual del Sergas, según Losada, que señala que acaban de conocerse los admitidos para las próximas oposiciones y son más de 100 aspirantes para 12 puestos. Las plazas que se ofrecen de formación -el periodo de psicólogo interno residente (PIR)- son casi la mitad de las que se podrían dar: siete de 11.
En una comparecencia en el Parlamento de Galicia a principios de este mes, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmó que este año se reforzará el personal dedicado a la salud mental del Sergas y que se contratará en total a 120 trabajadores, entre psiquiatras, trabajadores sociales, profesionales de enfermería, auxiliares, terapeutas ocupacionales y psicólogos clínicos. La previsión para estos últimos es que su número aumente en 31. La medida, dijo, se incluye en el Plan de Saúde Mental poscovid.
“Eso no es un plan. No hay un modelo de asistencia detrás, solo un listado de cosas que se van a hacer para las que no se tuvo en cuenta a los profesionales”, replica Jose Berdullas. Incluso sumando esos 31 nuevos psicólogos, la sanidad gallega estaría lejos del objetivo de 170 que una comisión asesora del Sergas estimaba en 1997 que eran necesarios para Galicia, “sin la crisis económica de hace unos años ni la pandemia ni una demanda que ha ido aumentando”. Este es un punto que ninguna de las fuentes consultadas discute: aunque no está cuantificado, en las consultas se ha notado con la pandemia un incremento de las personas que necesitan atención psicológica y que presentan problemas de tipo ansioso-depresivo y dificultades para dormir.
Los profesionales que primero ven a los pacientes, los médicos de atención primaria, lo confirman. Jesús Sueiro, que ejerce en un centro de salud de Santiago y es miembro de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, dice que “ha sido tremendo”. Y atender una patología de este tipo “no es como cuando alguien llega con un catarro, que en cinco minutos sabes qué le pasa”, serían necesarias consultas más largas, de 20 minutos, explica. La saturación de los médicos de familia impide que se les pueda dedicar este tiempo. Las pérdidas de seres queridos, el aislamiento, las restricciones para ver a amigos y familiares, el desempleo y los problemas económicos han llevado también a que haya aumentado el consumo de psicofármacos, añade.
Carlos Losada apunta que “sorprende mucho” que se están llenando también las consultas privadas. Los estudios sobre los efectos de la crisis económica que empezó en 2008 calculan que entonces la demanda subió entre un 20% y un 25%. Ahora cree que se están superando esas cifras. Tanto este profesional como Jose Berdullas ponen el foco también sobre el papel que la desprotección social y económica juegan en todo esto. “¿Cómo no se va a deprimir una persona si no le puede dar de comer a sus hijos?”, reflexiona el segundo. El problema, continúa, “no es la depresión, que habrá que tratarla si llega el momento”, sino que “esa persona tiene que tener garantizada la subsistencia de su familia”.
Al hilo de un plan presentado por la Xunta para atender la salud mental de los profesionales sanitarios, Berdullas insiste en este enfoque: “Hay que cuidar las condiciones de trabajo. Lo primero para tener una buena salud mental es que las condiciones materiales y de trabajo de los ciudadanos y de los profesionales sean adecuadas”.