El empresario lucense Raúl López, presidente del grupo de transportes Monbus, agasajó durante una década políticos de todo signo con vinos de alta gama. El principal punto en común entre los dirigentes obsequiados era estar relacionados, en diferentes grados, con Administraciones de todo el Estado que contrataban con sus empresas de transporte. En el marco de la Operación Cóndor, en la que el empresario es investigado por supuestos delitos fiscales, de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, la magistrada de los juzgados de Lugo Pilar de Lara consideró que algunos de los políticos receptores de los regalos, como el presidente de la Xunta, el exministro del PSOE José Blanco o el actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, podrían haber cometido también delitos de cohecho. Así lo trasladó, en el caso de Barreiro y Blanco, al Tribunal Supremo -ambos son aforados-, que acaba de archivar al asunto al no apreciar delito alguno.
En un auto dictado el pasado 17 de marzo la sala de lo Penal del Tribunal Supremo analiza la exposición razonada remitida por De Lara, apoyada a su vez en informes de Vigilancia Aduanera, según la cual Blanco, Barreiro y el también senador popular castellano-manchego José Antonio de las Heras, habían recibido envíos de vinos Vega Sicilia que superaban los límites de la “mera cortesía” por tener un importe superior a los 400 euros, en el que la jueza fijó el umbral de la “relevancia penal” de este tipo de conductas. Concretamente, indicaba, en las anotaciones de Monbús figuraban envíos de botellas por algo más de 1.700 euros, y para Barreiro, de más de 1.000.
El alto tribunal cita diversa jurisprudencia ligada a la aplicación del artículo 422 del Código Penal -el que tipifica el cohecho impropio- y concluye en su auto que los envíos de Monbus no encajan en el mismo. Estas botellas de vino, señala, eran “regalos navideños” que “responden a actos de cortesía y que no comprometieron la imparcialidad” de Blanco, actual eurodiputado, ni la de Barreiro, que en la fecha de los envíos era cabeza visible del PP en el Ayuntamiento y en la Diputación de Lugo.
Así, indica el auto, en las fechas del primer envío remitido a Blanco -de contenido “desconocido”-, el socialista todavía no era ministro de Fomento y Monbus ya había sido adjudicataria de contratos del Ministerio. Además, agrega, Blanco fue destinatario de botellas de Monbus también en 2012, cuando, “con independencia de que devolviera el regalo”, lo cierto es que ya no era ministro y carecía de competencias para adjudicar contratos a Monbus. En el caso de Barreiro los jueces del Supremo advierten que no existe “ninguna conexión causal” entre su papel en la oposición municipal y provincial en Lugo y los regalos.
Más allá de los casos concretos los magistrados del alto tribunal concluyen que los Vega Sicilia enviados “carecen de entidad para influir en el ejercicio de la función pública” y no hay más “indicios” de la “relación causal exigida” para poder apreciar un delito que el hecho “evidente” de que Blanco, Barreiro y De las Heras “eran cargos públicos cuando se remitieron las botellas de vino”. En este contexto, el Supremo concluye que procede “archivar las actuaciones” al no existir “hechos constitutivos de ilícito penal alguno” y agrega además que “carece de sentido” atender a la “pretensión” de la jueza De Lara, que pedía al Tribunal que fijara “una cuantía para establecer la diferencia entre ilícito penal y reproche ético”.
Los magistrados explicitan, de este modo, que se adhieren al criterio del fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, que tras pedir opinión a la Fiscalía Superior de Galicia y a la Fiscalía General del Estado concluyó que en el caso de los envíos de vino de Monbus a políticos no cabía “otra solución que el archivo de los procedimientos”, al tratarse de hechos “sin relevancia penal”. No concordaba, así, con De Lara ni con el parecer de otro fiscal de Lugo, Jesús Álvarez, que sí observó “indicios consistentes” de presunto cohecho y apoyó que De Lara siguiera adelante.
Una vez conocido el archivo de la causa referirda a Blanco, Barreiro y De las Heras en el Supremo resta saber el destino que correrán las peticiones de De Lara referidas a otros políticos en este caso. No en vano, la magistrada pidió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que investigue por el mismo motivo a, entre otros, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así como al vicepresidente, Alfonso Rueda, y al exportavoz de infraestructuras del PPdeG en el Parlamento, Alejandro Gómez.