El Tribunal de Cuentas gallego afea a la Xunta su control de la corrupción y que no admita denuncias anónimas

Durante la pasada legislatura autonómica, con el PP acosado en Galicia y en el resto del Estado por diversos casos de corrupción, el presidente Feijóo anunció diversas medidas de control y transparencia que presentó como un “programa de impulso democrático”, entre ellas un Código Ético para la Xunta, medidas en el campo de la contratación pública o el encargo al Consello de Contas (equivalente en Galicia del Tribunal de Cuentas estatal) de que, además de fiscalizar el uso ordinario de los fondos públicos, ayudase a prevenir la corrupción. Ahora el Consello de Contas acaba de hacer público su Diagnóstico de los sistemas de control interno y estrategia de prevención de riesgos de la corrupción en la Xunta, documento en el que afea la lentitud o poca ambición del Gobierno gallego criticando, entre otras cuestiones, que no admita denuncias anónimas o que se desconozca el nivel de cumplimiento del Código Ético anunciado por Feijóo.

El Diagnóstico del Consello de Contas fue entregado al Gobierno gallego el lunes 23 de diciembre por la tarde, siguiendo la línea de divulgación de los informes ordinarios del ente fiscalizador en momentos previos a días festivos, puentes o vacaciones que limitan la repercusión mediática de sus críticas a la Xunta. En el documento, el Consello de Contas considera que los mecanismos de control interno de la administración autonómica consiguen un nivel “bajo” en los campos de “información y comunicación” y “supervisión de actividades”, en los que ve “serias limitaciones a subsanar”, frente al nivel “medio” que otorga a los campos de “entorno de control”, “administración de riesgos” y “actividades de control”.

En particular, al analizar cómo la información sobre las medidas de control de la corrupción circula entre el personal y directivos de la administración, Contas critica que “los esfuerzos son aislados y no se establecieron políticas y procedimientos para que la información relevante se identifique, elabore y comunique a las instancias pertinentes en el momento adecuado, de tal forma que contribuya a la toma de decisiones, al cumplimiento de los objetivos y a la mitigación de los riesgos”. En ese campo, la Xunta no admite que el funcionariado o cualquier ciudadano que pueda ser conocedor de una irregularidad pueda denunciarla ante la Administración de manera anónima, cuestión que solo contempla para las denuncias de acoso laboral.

“En nuestra opinión, la condición de denunciante debe extenderse a toda la ciudadanía en la línea de lo apuntado en la Ley del Consello de Contas; y rescpeto de las denuncias anónimas, nos inclinamos por su admisión sin perjuicio de la aplicación de un sistema de garantías que preserve el adecuado equilibrio entre el anonimato y la exigencia de rigor por parte del denunciante. La aceptación en estos términos evita las consecuencias de ignorar hechos o actuaciones (acreditados con pruebas) que podrían tener la consideración de graves por la circunstancia de no conocer la identidad de la persona denunciante”, resume Contas.

El ente fiscalizador es especialmente duro con el Código Ético impulsado por el propio Feijóo: “En relación con el cumplimiento del Código Ético, el Consello de Contas desconoce si se está realizando el informe anual de seguimiento sobre su nivel de cumplimiento”, dice, para añadir que “no se establece un procedimiento para la tramitación de las violaciones” del Código Ético y “no se establece un sistema de medidas de respuesta”. “Toda vez que aún no está implantado un sistema de control interno e integridad, el sistema de información y rendición de cuentas es menos transparente en lo que afecta a la evaluación del cumplimiento de objetivos institucionales, y menos aún a los objetivos de integridad y de prevención de la corrupción”, añade Contas.

El ente fiscalizador también señala que hay mucho camino por recorrer en la evaluación de los posibles riesgos de corrupción, donde la Xunta carece de un “procedimiento formal para la identificación y evaluación de riesgos”, o en el establecimiento de un órgano de la administración con capacidad no solo de evaluación y control interno sino también de “adoptar medidas de respuesta” ante los posibles incumplimientos. Igualmente, reclama avanzar en la regulación de los grupos de interés (los conocidos como lobbys) y aumentar el tipo de información que se ofrece sobre las agendas de los altos cargos, de las que la Xunta solo divulga los actos públicos pero no las reuniones internas.

“En términos generales, la valoración global de los sistemas de control interno ponen de manifiesto que en la Administración autonómica existen medidas y se realizaron esfuerzos propios de un sistema de control interno e integridad institucional, pero que estas acciones necesitan de un impulso para constituir un sistema consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a autoevaluación y mejora continua”, concluye Contas.