“Los servicios de la Comisión Europea señalaron la vigilancia marina en la costa de Galicia como objetivo de verificación en 2019”. Con esa respuesta por escrito al eurodiputado socialista José Blanco, el comisario europeo de Energía, el popular Miguel Arias Cañete, revela que la UE ha puesto el foco en cómo España está vigilando la radiactividad del litoral gallego después de años sin interesarse por los posibles efectos de los residuos nucleares vertidos por varios países entre 1949 y 1982 en aguas internacionales del Atlántico.
Hace un año, coincidiendo con el 35 aniversario de los últimos vertidos a la denominada Fosa Atlántica de residuos nucleares, que sumaron más de 140.000 toneladas, este diario publicó una investigación sobre el limitado o nulo conocimiento que admiten tener sobre el estado de esos bidones una docena de entidades estatales e internacionales. Esa ausencia de información llevó a En Marea, PSdeG y BNG a formular diversas preguntas e iniciativas en el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. En las respuestas que se fueron obteniendo se ratificó que ninguna administración ni organización interestatal tiene en marcha o previsto ningún programa de supervisión regular del estado de esos bidones y del efecto de posibles fugas.
A nivel estatal, el Gobierno central destacó que los residuos están en aguas internacionales pero aseguró que controla de manera periódica la radiactividad de las aguas costeras sin que hasta ahora haya detectado que llegase a ellas ninguna variación atribuible a causas no naturales.
Por su parte, en el Parlamento Europeo varios eurodiputados preguntaron a diversos departamentos de la Comisión Europea por la cuestión, obteniendo varias respuestas. Sobre los residuos de la Fosa Atlántica, el propio comisario Cañete admitió que “la Comisión no tiene conocimiento de ningún programa en curso para inspeccionar el estado de los contenedores”. El comisario de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella, también respondió que el Gobierno español no le había transmitido ninguna necesidad de que la UE estudiase el estado de esos bidones, algunos de los cuales llevan casi 70 años en el fondo del mar, ni tampoco había informado de que España tenga ningún plan para hacerlo.
En esa sucesión de preguntas, el socialista José Blanco se interesó por cómo la UE está supervisando que España cumpla con su deber de analizar de manera periódica la radiactividad de su litoral, obteniendo una primera respuesta en la que se señaló que la Comisión verifica de manera periódica, con programas trianuales, cómo los estados miembros realizan esa vigilancia de las radiaciones en sus instalaciones nucleares y en su territorio en general, incluidas sus aguas costeras. Sin embargo, añadió que en el actual programa de verificación de la Comisión para el período 2018-2020 no estaba previsto verificar la actuación de España en ese campo.
Blanco repreguntó a Cañete si existiría la posibilidad de incluir en el actual programa de verificación o en el siguiente la supervisión de lo que está haciendo España en ese ámbito, a lo que, tras meses de sucesivas cuestiones tanto del socialista como de otros eurodiputados, como la nacionalista Ana Miranda, el comisario acaba de dar respuesta. Según Cañete, las verificaciones de la Comisión sobre cómo los estados miembros vigilan la radiactividad en sus territorios y aguas litorales se realizan a través de un “programa continuado de tres años que los servicios de la Comisión actualizan cada seis meses” y en el que “los objetivos de verificación se seleccionan en función de su relevancia radiológica o de su interés público”.
En esa línea, dice ahora Cañete como gran novedad, “en junio de 2018, los servicios de la Comisión señalaron la vigilancia marina en la costa de Galicia como objetivo de verificación en 2019”, añadiendo que “la Comisión sigue el asunto de cerca y, en diciembre de 2018, revisará la planificación de la verificación, en la que se confirmarán los objetivos de verificación para 2019”.