Tres años y medio después la exigencia de responsabilidades por el accidente del Alvia en Santiago de Compostela ha sido escuchada de primera mano, por boca de las víctimas, en sede parlamentaria. No ha sido en el Parlamento de Galicia ni tampoco en el Congreso de los Diputados o en el Senado, donde nunca han podido intervenir hasta el momento, sino en la Eurocámara. Concretamente, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde la Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha podido exponer esta semana sus denuncias tanto por lo que consideran un “incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria por parte del Estado español” como por haber padecido, a su juicio, un ejercicio de publicidad engañosa sobre la línea ferroviaria Ourense-Santiago, anunciada como alta velocidad a pesar de no disponer de todos los requisitos técnicos para serlo en el momento del siniestro.
El paso por la Comisión de Peticiones se saldó con un llamamiento del órgano parlamentario a favor de una nueva investigación sobre el siniestro al quedar constatado nuevamente -como ya habían hecho la Audiencia Provincial de A Coruña y la propia UE- que el informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento no fue independiente ni profundizó en las causas y riesgos de la línea Ourense-Santiago. El apercibimento es “de los más duros” entre los lanzados por este órgano de la Eurocámara, aseguró su presidenta, la liberal sueca Cecilia Wikström, que despidió con cariño a la representación de la Plataforma Víctimas Alvia 04155: “Tienen nuestra simpatía”, les dijo.
Tras comparecer en el Parlamento las víctimas fueron escuchadas en otro ente europeo más. Volvieron a ser recibidas, acompañadas de la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA). En el que ya es su tercero encuentro con las víctimas los responsables del organismo ferroviario comunitario se mostraron dispuestos a colaborar con la investigación judicial que continúa en los juzgados de Santiago si el juez Andrés Lago Rubio se lo solicita. “Actúan por profesionalidad y no por presión de los gobiernos”, creen en la plataforma.
La escucha de la que fueron objeto las víctimas en la capital comunitaria contrasta con los obstáculos que se han venido encontrando en los organismos del Gobierno de España que hasta el momento indagaron en el accidente. La investigación oficial realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de Fomento fue duramente criticada por la UE por no darles voz a las víctimas, como obligaba la normativa comunitaria. Tampoco pudieron participar en la comisión técnica de mejora de la seguridad que creó el Ministerio después del accidente, en cuyo informe final ni se cita el siniestro. Y ni siquiera se les dio voz en la subcomisión política impulsada en el Congreso de los Diputados para mejorar el sistema ferroviario en general, por la que pasaron hasta 39 comparecientes de todo tipo.
Encuentros de indignación
La percepción de “empatía” con la que las víctimas regresan de Bruselas contrasta con la sensación agria con la que finalizaron su anterior encuentro institucional, el mantenido a finales de diciembre con el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Cinco meses después del “plantón” de la anterior ministra, Ana Pastor, que no acudió a la cita que había fijado con la plataforma porque en el día acordado fue nombrada presidenta del Congreso, el Ministerio abrió sus puertas y acudieron con una reclamación muy concreta: que De la Serna apoyara la apertura de una investigación política y de otra técnica “independiente”. O, lo que es lo mismo, que refrendara el “apoyo expreso” que había dado a ambas peticiones pocos meses antes, cuando aún era alcalde de Santander.
La negativa del ministro, cuya explicación oficial fue apoyada en fechas manipuladas, indignó a la plataforma de personas afectadas por el acciente. “Utilizó nuestro dolor”, afirmó uno de sus portavoces, Jesús Domínguez, para quien la actitud “cínica” y “hipócrita” del ministro De la Serna fue una muestra más de la “tomadura de pelo” que vienen padeciendo durante “tres años de lucha”.
Entre las sucesivas negativas a la investigación política tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso de los Diputados -el portavoz del PP, Rafael Hernando, llegó a calificar la solicitud de “absurda” y “miserable”- la Plataforma Víctimas Alvia 04155 subrayan un hito concreto como una de las mayores “ofensas” que, dicen, han padecido. Fue en julio de 2014, un año después del accidente, cuando la Xunta decidió conceder la Medalla de Oro de Galicia a las propias víctimas y a los servicios de emergencia que las atendieron en Angrois.
Colectivos de personas afectadas y el vecindario de la parroquia compostelana lamentó la fecha elegida para la entrega, toda vez que en esa jornada estaban previstos homenajes y recuerdos en la intimidad. No obstante, el Gobierno gallego decidió seguir adelante y organizó el evento, como estaba previsto, en las instalaciones de la Cidade da Cultura. La Plataforma que esta semana viajó a Bruselas estuvo también ese día en el complejo cultural del monte Gaiás, donde reclamó acceder al acto para explicar “el motivo” por el que rechazaban el galardón. Al llegar lo que se encontraron fue “una auténtica muralla de fornidos policías, armados con pistolas y porras” que los retuvieron e impidió que entraran. Incluso “tuvimos que aguantar durante todo el día un policía de la secreta, algo confesado por él mismo, que nos siguió durante toda la jornada allí donde íbamos”, habían asegurado.