Por lo menos nueve UVI móviles del 061 en Galicia circularon durante meses con un exceso de peso de cientos de kilos por las carreteras gallegas. Todas las ambulancias de este tipo inspeccionadas en el marco de una investigación judicial excedían por mucho la masa máxima autorizada (MMA) y realizaron traslados de emergencia con esta grave irregularidad y riesgo durante mucho tiempo, en algunos casos más de año y medio, e incluso con sobrepesos de más de 800 kilos.
Así lo certifican las inspecciones llevadas a cabo por la policía judicial y el informe pericial sobre estas, que constataron numerosos defectos de seguridad en las ambulancias del 061 en Galicia. El documento, a lo que tuvo acceso este diario, concluye que en todos los análisis realizados en las 14 áreas de cobertura del transporte sanitario se encontraron irregularidades que afectan a la seguridad vial y “aumentan drásticamente” la “probabilidad de sufrir un accidente”. El exceso de peso que los análisis certificaron en todos los vehículos “incumple la normativa” y provoca importantes riesgos para los ocupantes y en la conducción, que se hace más “peligrosa e impredecible”.
Durante las inspecciones, tal y como aclara el Sergas, y “con el objetivo de garantizar la seguridad”, la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 procedió únicamente a “sustituir” las ambulancias afectadas “durante lo proceso de inspección necesario para la comprobación por parte del perito del cumplimiento de la normativa vigente garantizando la asistencia sanitaria urgente”.
“A día de hoy, las ambulancias que conforman la Red de Transporte Sanitario Urgente de Galicia-061 cuentan con un informe pericial de conformidad normativa --a petición de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061--, y realizado por un perito independiente e imparcial, que confirma la seguridad de estas unidades asistenciales y que tiene fecha de este año”, aclaran desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Hace ahora un año, se inspeccionaron 23 ambulancias y siempre alguna de cada área. Todas habían sido equipadas en el taller investigado en el juzgado: Rodríguez López, de Ourense. El resultado fue que todos los vehículos analizados pasaban de peso y, en su mayoría, el exceso de masa aproximado era de unos “300 kilos sobre la masa máxima autorizada (MMA) permitida para la circulación de vehículos de este tipo e incumpliendo la normativa aplicada”.
Ocurrió así en las ambulancias de tipo B, las de soporte vital básico y atención sanitaria inicial, y también en las de tipo C, de soporte vital avanzado o UVI móviles. Pero en estas últimas, la policía judicial advierte de más defectos. Al margen del exceso de peso certificado en el momento de las inspecciones, en agosto de 2017, en todos los casos se advierte de que las ambulancias habían sido reformadas anteriormente para aumentar la MMA (masa máxima autorizada) de 3.880 kilos a 4.400. Por lo que desde que los vehículos se matricularon y hasta que fueron adaptados, el sobrepeso era aún superior al certificado en el momento de la inspección. De entre 765 y 900 kilos según el vehículo.
Fueron cientos de kilos de más y durante tiempo, tal y como se desgrana en el informe pericial. En el caso, por ejemplo, de una ambulancia del área de Pontevedra, casi 19 meses con un exceso de 830 kilos de peso. En A Mariña, otro vehículo con 860 kilos por encima de lo permitido y durante más de año y medio. En Santiago, 15 meses con un coche de transporte urgente circulando con 835 kilos de más. En el área de Vigo, 19 meses y 805 kilos extras. Así en todas las zonas, con más o menos tiempo y más o menos sobrepeso. De promedio, 813 kilos de más durante casi un año en las nueve ambulancias inspeccionadas aleatoriamente.
El exceso de peso que denuncia en este informe la policía judicial coincide con el que trabajadores de las UVI móviles de la Comunidad de Madrid acaban de denunciar sobre sus vehículos. La empresa que equipa el transporte en este caso es la misma investigada en el proceso abierto en los juzgados de Santiago y que también excedió el peso en los vehículos en Galicia: Rodríguez López Autos.
Hace ya más de un año, varios sindicatos gallegos denunciaron también el sobrepeso en varios vehículos y las inspecciones negativas que habían pasado varios de ellos. En Marea y PSdeG ya han lanzado varias iniciativas en el Parlamento para aclarar una situación de “especial gravedad”.
“Exceder la MMA en un vehículo, evidentemente, puede repercutir en daños estéticos a la carrocería del coche y daños estructurales de esta, afectando negativamente el sistema de suspensión, neumáticos y frenos”, advierte el informe pericial firmado por un ingeniero técnico industrial el pasado septiembre, que aclara que “todo esto repercute en la conducción del vehículo”. “El tiempo y la distancia de frenado aumentan, lo que puede representar un peligro” y el “paso por la curva implica, ya en condiciones normales, sufrir las leyes de la física: la inercia actúa sobre el vehículo teniendo el movimiento hacia el exterior de la curva. Ese efecto aumenta si llevamos más cargado el coche”.
El informe avisa además de que las inspecciones se realizan sobre “un vehículo de urgencia”, con el que “con frecuencia se realizan conducciones agresivas, con exceso de velocidad sobre los límites establecidos”, lo que provoca que “se vuelva impredecible en su manobriabilidad y muy peligroso de conducir”. “Estamos expuestos la que uno o varios componentes del vehículo no funcionen correctamente y presenten daños serios. La probabilidad de que ocurra un accidente que pueda llegar a afectar a los ocupantes aumenta drásticamente, por lo que de manera alguna se recomienda sobrepasar el límite de carga marcado en la ficha técnica por el fabricante”.
Investigación por el presunto amaño de un concurso de 120 millones
El documento pericial forma parte de las diligencias previas --y hasta hace pocos meses secretas-- de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago por un presunto delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en el concurso de la Fundación Pública de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Sergas, para el servicio de transporte sanitario urgente por 120 millones de euros hasta 2019. Dividido en 14 lotes por áreas geográficas, once empresas se repartieron las adjudicaciones, oficializadas en verano de 2015. Pero uno de los empresarios aspirantes denunció y puso sobre la mesa supuestas irregularidades.
La causa se abrió tras la denuncia de este empresario lucense excluido del concurso. La jueza actuó a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia. En ella, se asegura que las empresas beneficiadas habrían matriculado y rotulado los vehículos con la simbología de la Xunta y de la Consellería de Sanidade meses antes de que la Administración resolviese la adjudicación e incluso ya una semana después de la publicación de los pliegos en el DOG, en noviembre de 2014. Según el denunciante, todas las firmas que consiguieron el contrato carrozaron las ambulancias en el taller ourensano Rodríguez López -el 95,5% de ellas- y en el portugués Autos Ribeiro.
En cuanto al procedimiento de contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre de Galicia-061, la Xunta aclara que se “realizó en conformidad al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Privados”. “Actualmente, las resoluciones a 11 recursos presentados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de Madrid fueron favorables a la Fundación. El Tribunal confirmó que se garantizaban los principios de igualdad, libre concurrencia y no discriminación basándose en los requerimientos exigidos en los pliegos”, asegura. La investigación judicial, mientras, continúa su camino en los juzgados.