El Gobierno gallego ha puesto en marcha un plan de transformación de las tres universidades para implementar la docencia online y poner fin a los exámenes como método común para evaluar a los alumnos. El proyecto, cuya fase inicial está prevista para el próximo curso, recomienda a los profesores dar sus clases con “entrevistas y reportajes al estilo de los que se realizan para canales temáticos”. El escenario asociado a la COVID ha servido como excusa para que la Xunta ponga en marcha una idea cuyo diseño recaerá en el sector privado. Se pone fin a los tradicionales exámenes, se cierran las aulas físicas y se abren las universidades a las pantallas de los ordenadores. El plan diseñado por la Xunta acaba con la presencia constante de estudiantes en los campus e impone estudios que se podrán realizar desde casa.
El Gobierno gallego envió la semana pasada un borrador del proyecto a las tres universidades, a las que ha dado una semana de plazo para que presenten alegaciones. La propuesta de la Xunta, alentada por los cambios relacionados con el coronavirus, deja la coordinación del nuevo modelo en manos de una Fundación privada, tal y como se sostiene en el documento enviado a las tres entidades académicas: “El soporte de dicha transformación implica la selección de FEUGA como elemento de coordinación y apoyo a las universidades. Con el soporte de un servicio de consultoría externa, afrontará la totalidad del proceso”. FEUGA es una fundación “de derecho privado” en la que están representadas las tres universidades junto a empresas como el BBVA, Caixabank, Endesa o Finsa y en la que también tienen presencia otras entidades como la Confederación de Empresarios de Galicia o la Cámara de Comercio de A Coruña. Sobre el papel de una consultora externa para guiar la transformación la Xunta no ofrece más detalles.
El Gobierno gallego prevé iniciar la fase piloto el próximo curso (2020-2021) para los centros que decidan sumarse. En el curso 2021-2022 está prevista la fase de generalización “caracterizada por la implantación del sistema de docencia mixta en la mayoría de las titulaciones de grado impartidas por las universidades del Sistema Universitario de Galicia”. Desde la puesta en marcha del nuevo modelo, “la totalidad de los recursos materiales necesarios para superar una materia” deberán ser accesibles a través de Internet. Se pone coto a los exámenes finales y se aclara que, en caso de haberlos, tendrán “un valor máximo del 30% de la calificación total”.
La Xunta también quiere reciclar al profesorado para su adaptación a la enseñanza a través de Internet. El borrador de proyecto redactado por la consellería de Educación recomienda “que los profesores cuenten, además de los conocimientos técnicos propios de la materia a impartir, con una formación actual y eficaz en metodologías participativas, role play y dinámicas experienciales”.
A los centros también se les pide que consigan éxito en Internet y que sus contenidos generen visitas: “Es necesario generar contenido regularmente en todas las plataformas en las que está presente la facultad y el grado. Es vital la generación de un gran contenido multimedia relevante y actualizado con gran variedad de formatos. Esto abarca desde los textos e imágenes que aparecen en los anuncios pagados hasta la publicación en redes sociales y noticias en la web”.
El borrador entregado por la Xunta a las tres instituciones académicas se ha fabricado copiando textos y gráficos de diferentes fuentes pero se inspira principalmente en el modelo de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), una universidad pública pero con gestión privada. El documento incluye gráficos con la tipografía de esa universidad y párrafos íntegros extraídos de las ponencias del III Congreso Internacional de Nuevas Tendencias en la Formación del Profesorado que se celebró en Barcelona en 2011.
La propuesta ha recibido críticas entre los sindicatos. La CIG considera que el modelo persigue “liquidar las universidades públicas gallegas” y califica la propuesta como “un cúmulo de de despropósitos que disfraza de pseudo innovador lo que en realidad es un auténtico plan de desmantelamiento del sistema universitario público”. Desde Comisiones Obreras califican la propuesta como “insultante” hacia la labor docente e investigadora que impulsan los equipos de las universidades.
Las competencias de la Xunta no permiten a la administración gallega asumir funciones que son propias de la autonomía universitaria, regulada en el artículo 27.10 de la Constitución y aclarada el múltiples sentencias del Tribunal Constitucional. La administración autonómica no puede imponer cambios en los programas formativos como los que plantea este proyecto para el que ha dado apenas una semana de tiempo a las universidades que quieran plantear alegaciones.