El plan para garantizar que las elecciones gallegas se celebren con seguridad y se evite que los colegios electorales se conviertan en un nuevo foco de contagios está en manos privadas. La entidad colaboradora de la Seguridad Social Ibermutua ha recibido el encargo de la Xunta para formar a 133 trabajadores que recorrerán el día de votación los más de dos mil colegios electorales gallegos. La consellería de Presidencia seguirá siendo la autoridad responsable para organizar las elecciones bajo criterios de seguridad sanitaria, pero a efectos prácticos el trabajo sobre el terreno correrá a cargo de Ibermutua. La entidad privada ha ofrecido sus servicios gratis y no es la primera vez que lo hace.
Según el convenio firmado con la Xunta, Ibermutua asume el “asesoramiento, dirección, supervisión técnica y formación de los 133 representantes de la administración a los efectos de coordinar y colaborar en la adopción de medidas frente a la COVID-19 en los locales electorales”. En las primeras semanas de junio, empleados de esta sociedad revisaron todos los colegios electorales gallegos para diseñar el protocolo de acceso y el reparto de urnas en las sedes reservadas para la instalación de mesas electorales.
País Vasco, la otra comunidad que aborda un proceso electoral junto a Galicia, ha optado por otra solución para vigilar su proceso desde el punto de vista de la pandemia: sin favorecer la intervención privada y apoyando sus medidas de control en el trabajo que para ese día tiene encomendado la Ertzaintza.
Según fuentes del Gobierno gallego, Ibermutua se ofreció gratis para colaborar con la organización electoral y la Xunta aceptó. Su participación en la organización de las elecciones queda registrada en el convenio como una “colaboración desinteresada”.
No es la primera vez que Ibermutua ofrece servicios gratis a la administración gallega en los últimos meses. Durante los primeros momentos de la pandemia prestó médicos y enfermeras de sus plantillas para que la Xunta reforzase el servicio en algunas de las residencias de ancianos que acumulaban mayor número de infectados. En virtud de aquel primer acuerdo, Ibermutua sirvió sin coste un total de cinco médicos y otros cinco titulados en enfermería, la mayoría de las cuales sirvieron para reforzar la plantilla de DomusVi Cangas, una de las residencias que presentaba mayores problemas.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales son entidades privadas que operan sin ánimo de lucro. Su presencia en España se remonta a principios del siglo pasado y existen antes de la puesta en funcionamiento de la actual Seguridad Social. Nacieron como asociaciones de empresarios que compartían un fondo para hacer frente a los gastos generados cada vez que sus trabajadores se ponían enfermos o sufrían un accidente laboral. Llegaron a coexistir más de un centenar pero ese número se ha ido reduciendo con el tiempo hasta llegar a la treintena que opera en la actualidad. Ibermutua se construyó sobre la fusión de Ibermutuamur y Mutua Gallega a principios de 2019.