El Gobierno gallego se ha sumado esta semana a la campaña contra el “problema agudo” de la ocupación de viviendas en Galicia. Lo hizo a través de su conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, cuyo departamento emitió una nota en la que consideraba “necesario dar un paso adelante” para “atajar” la situación. El comunicado no aportaba ningún dato objetivo, porque, de hacerlo, se encontraría con la realidad. Y la realidad es que, en 2019, hubo 2.271 desahucios frente a 145 denuncias por ocupación ilegal de viviendas. Es decir, 15 veces más desalojos que entradas no consentidas.
Esos son los datos que figuran en la Memoria del pasado año del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De atender a los que maneja el Ministerio de Interior, los “hechos conocidos de ocupación ilegal de inmuebles” fueron 129. Y en la primera mitad del año en curso, 79. Veintisiete de ellos durante el segundo trimestre, un 15,6% menos que en el mismo período doce meses antes, de nuevo según el Superior, que actualizó los números este 25 de septiembre. Las cifras de desahucios de 2020 sitúan en 503 los lanzamientos ejecutados por juzgados de primera instancia de Galicia. Y eso que durante el segundo trimestre, debido a la pandemia de coronavirus, el confinamiento y las medidas del Gobierno central, descendieron un 87,4% respecto al año anterior. La brecha entre la problemática que vende la conselleira y la realmente existente resulta patente.
Unos días antes de esa nota, la propia conselleira había respondido a una condescendiente entrevista en la radio pública gallega. Y en esa conversación llegó a admitir que “desconocía el número de cifras”. Se encomendó al Observatorio da Vivenda de Galicia -un foro del Instituto Galego de Vivenda e Solo, un organismo autonómico, de “intercambio de información y propuestas” del sector- para elaborar “un mapa” del fenómeno. Vázquez lanza la piedra y después revela que no sabe exactamente contra qué la lanza, porque no conoce lo que entiende como “problema que se agudiza”.
Que se trata sobre todo de una ofensiva ideológica y no de una respuesta a ninguna necesidad real lo demostró ella misma en la mencionada conversación en la Radio Galega, cuando estableció una relación de causa efecto entre el gran número de casas vacías en la comunidad y la ocupación. Según Vázquez, los propietarios no ponen sus inmuebles en alquiler “por temor a lo que pueda ocurrir en un futuro, por temor a perder ese hogar en un futuro, por temor a encontrar ese hogar en unas condiciones que no sean dignas”. Una vez más, la conselleira no aportó ni un solo dato objetivo que refrendase sus palabras. El Grupo Parlamentario del PP no ha tardado en adherirse a estas tesis y ha solicitado a la Valedora do Pobo “un informe extraordinario sobre okupación ilegal en Galicia”.
La conselleira habla de “indefensión” de los propietarios
Pese a la desproporción que señalan las cifras judiciales y de Interior, Vázquez no dudó en añadir su voz a la de esa corriente de opinión que se abre paso en la prensa y según la cual las viviendas habituales de la gente corren peligro de ser ocupadas. “Es inadmisible que la ocupación ilegal de una vivienda que alguien tiene en propiedad solo se castigue con una multa y no con una pena de prisión. Necesitamos un marco legislativo adecuado para endurecer las penas y agilizar los procedimientos judiciales”, afirmó la conselleira tras reunirse con representantes de asociaciones vecinales de Lugo, Ourense, Vigo y Ferrol -que su departamento no identificó en la comunicación pública que hizo del encuentro.
Es el artículo 245 del Código Penal el que recoge la calificación y la penas de los delitos relativos a la “usurpación”. En su apartado primero, señala “prisión de uno a dos años” para quien “con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena”. En el segundo, “multa de tres a seis meses” para “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”. El Ministerio de Interior, que también se ha dejado arrastrar por esta campaña, aclaró hace unos días que la policía puede “intervenir inmediatamente y sin necesidad de esperar medidas judiciales si tienen conocimiento de la comisión flagrante del delito. Si no, no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial, después de que la víctima acredite la propiedad”.
La conselleira de Medio Ambiente e Vivenda no dudó en asegurar que “la ocupación ilegal de inmuebles no es solo un problema de orden público y social, sino también de seguridad jurídica”. Según su versión de los hechos, los dueños de los mencionados inmuebles se encuentran en “indefensión”. Y añadió que es el Gobierno central la “administración con competencias” para impulasr “las reformas legislativas que garanticen una solución rápida, eficaz y duradera”.
Seis casas abandonadas en Lugo
Las declaraciones de Ángeles Vázquez coinciden además con informaciones difundidas por la Televisión de Galicia sobre la primera empresa denominada de “desocupación” constituida en la comunidad, con sede en Lugo. Estas firmas se dedican a hacer negocio de los desalojos extrajudiciales y a menudo bordean la legalidad. Viven del alarmismo que crean discursos como el que airea en los últimos días la conselleira de Vivenda y que no se compadecen con lo que sucede. De hecho, la propia Policía Nacional de Lugo explicó el pasado miércoles que en la ciudad solo hay seis viviendas ocupadas, que se trata de inmuebles abandonados y sus habitantes, personas en riesgo de exclusión social. “No son primeras o segundas viviendas, ni pisos turísticos ni de alquiler, como sucede en otras ciudades”, expusieron los agentes ante la alcaldesa Lara Méndez (PSdeG) y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, según informó Europa Press.
Ángeles Vázquez ya había mostrado antes sus prioridades al frente del departamento de Vivenda del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, cuando, en plena pandemia, dirigió una carta al ministerio del ramo en el que expresaba su preocupación “por algunas de las medidas previstas” -entre ellas, la prohibición de desahucios- dado que “pueden desincentivar la salida al mercado de vivienda en alquiler debido a la inseguridad jurídica que se crea para los pequeños propietarios”. La conselleira negó después en sede parlamentaria que se refiriera en concreto a la paralización de lanzamientos ante una oposición que la acusó de “lamentarse de la suspensión de desahucios”.