El Gobierno gallego ha autorizado en su reunión de este jueves incrementar hasta 8,5 millones de euros al año el importe que está dispuesto a destinar para mantener el servicio autonómico de salvamento marítimo con helicópteros más allá de octubre, cuando vence el contrato actual. Una decisión que toma después de que el primer concurso que convocó en abril para renovar ese contrato quedase desierto y de que el propio ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo vendiese en 2012 los dos helicópteros que tenía en propiedad y ahora tenga que alquilarlos. Antes de vender los aparatos, operar el servicio le costaba a la Xunta 7,5 millones al año, mientras que ahora está dispuesta a pagar un millón más, dándole así la razón al Consello de Contas -equivalente en Galicia del Tribunal de Cuentas estatal- que en su momento había alertado de diversas irregularidades en la gestión del gobierno y en particular de la ausencia de “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en contrataciones futuras como la actual.
En 2005, tras la catástrofe del Prestige, el gobierno de Manuel Fraga compró en Estados Unidos por 27 millones de euros dos helicópteros Sikorsky S-76C+ con unas características que la Xunta publicitó como las más adecuadas a las costas gallegas. A falta de personal autonómico para operarlos, adjudicó la gestión del servicio y el mantenimiento de los aparatos a la empresa Inaer, la misma que opera la inmensa mayoría de los servicios aéreos de la Xunta (incendios o emergencias sanitarias). En 2012, tras varias irregularidades previas denunciadas por el Consello de Contas en la relación entre la Xunta e Inaer, el Gobierno gallego le vendió a la empresa los dos aparatos por 13 millones de euros con el argumento de que se estaban quedando viejos y que destinaría el dinero que obtenía por la venta a rebajar la cuota anual a pagarle por operar el el servicio, que tenía que seguir prestando con esos mismos aparatos. Si hasta 2012 el coste anual del servicio era de 7,5 millones de euros, en el contrato que le otorgó ese año la Xunta a Inaer por cinco años ascendía a 8,9 millones cada ejercicio, cuantía que lograba rebajar a 6,1 millones gracias a restar lo obtenido por la venta de los aparatos.
Ese contrato vence el próximo octubre, cuando Inaer, ahora Babcock España, ya podrá disponer lo que quiera con aquellos helicópteros. En abril la Xunta convocó un concurso público para renovar la gestión del servicio, ofreciendo un pago anual de 6,5 millones de euros. Pero ya sin helicópteros en propiedad, la Xunta no encontró ninguna empresa dispuesta a prestar el servicio. Inaer, que tiene ahora en propiedad aquellos dos helicópteros que eran de la Xunta, no se presentó, y la única candidata que hubo, una firma con sede en Ferrol, fue descartada por el Gobierno gallego por considerar que no cumplía los requisitos exigidos. Con ese concurso declarado desierto, y sin nadie que prestase el servicio a partir de octubre, la Xunta realizó en junio lo que se denomina consulta preliminar de mercado, para que el sector le comunicase qué cambios entendía que debía hacer en el concurso para que resultase atractivo a las empresas. Tras esa consulta, en un procedimiento criticado por la oposición por considerar que la Xunta prepara un contrato “a medida”, ahora el Gobierno gallego volverá a convocar un nuevo concurso en el que incrementa la cuantía que está dispuesto a pagar para que alguna empresa lo considere atractivo.
Según informó este jueves la Xunta, el valor estimado que tendrá el contrato durante los cuatro años más dos de prórroga que contempla será de cerca de 51 millones de euros, a 8,5 millones al año, frente a los 40 millones del concurso que había convocado en abril. El presidente Feijóo destaca que no sólo se incrementó el importe sino que se incluyeron mejoras en el pliego de condiciones como que la empresa tenga que cubrir en un máximo de 3 horas cualquier baja laboral que se produzca o que las operaciones sean retransmitidas en directo. Igualmente, el presidente dice que se incrementará el régimen sancionador por incumplimientos del contrato.
Al presidente gallego se le preguntó por las críticas que hizo en su momento el Consello de Contas a la Xunta por no analizar la repercusión de la venta de los helicópteros en futuros contratos como el actual. Frente a la visión del órgano fiscalizador, Feijóo defiende que la venta de los aparatos en 2012 “fue una solución correcta”. Los helicópteros vendidos, dijo, “tenían ya una vida extensa y eran difíciles de mantener y maniobrar”, según considera la consejería del ramo. “Pensamos que aquella decisión fue la correcta”, incidió Feijóo, quien aseguró que “los nuevos, nuevos son”, y defendió “contratar siempre helicópteros que estén de acuerdo con el servicio que se precisa en cada momento”.