La Xunta hace públicos los datos de las listas de espera quirúrgica y de consultas externas desde junio de 2005, información que comenzó a ser suministrada con regularidad en los meses de transición entre el Gobierno del PP de Manuel Fraga y el de la coalición de PSdeG y BNG. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acudió con puntualidad cada tres meses a su cita con esta publicación hasta el año 2014, cuando decidió separar los datos del hospital concertado POVISA, los más elevados, del cómputo general, haciendo imposible compararlos. Al año siguiente, en 2015, comenzó a aplicar un nuevo precepto legal que redujo a la mitad la información sobre las esperas en la sanidad pública y libra a la Xunta de hacer público el impacto de los cierres estivales de camas, un opaco procedimiento que en este 2017 se aplicará por tercer verano consecutivo.
La información trimestral de la lista de espera quirúrgica provocaba que en torno al mes de octubre de cada año el Sergas ofreciera los resultados del tercer trimestre del año, datados en el 30 de septiembre. Esa publicación disparaba en todos los casos el dato medio de espera para operarse en los hospitales públicos, ya que era producto de la reducción de actividad de los meses de verano. Así, por ejemplo, el primer dato correspondiente al tercer trimestre, en 2005, reflejó la espera media más alta de toda la serie, 137 días. En los nueve años en que fue revelado nunca descendió de los 90 días; los datos más bajos se registraron entre 2008 y 2009 (92 días) y en 2010 (90,7) y los últimos conocidos, 2012 y 2013, se acercaban a los 99 días de espera.
Con este telón de fondo la Xunta impulsó y sacó adelante en el Parlamento en el inicio de la pasada legislatura la ley de garantías de prestaciones sanitarias. Con esta norma, que además de facilitar el trasvase de pacientes del Sergas a la sanidad privada fija un límite máximo de 60 días para el acceso a una operación, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se autorizó a sí mismo a reducir la información pública sobre las listas de espera, que pasó de trimestral a semestral. Se trató, según el PP, de una decisión “valiente” para hacer “pasar a un segundo plano” el debate político sobre el asunto, que además vino acompañada de la eliminación de la web del Sergas de toda la información previa a 2014.
Aunque la ley entró en vigor en marzo de 2014 la Consellería de Sanidade no comenzó a aplicar el precepto sobre la información de las listas hasta marzo de 2015, cuando en vísperas de las elecciones municipales decidió no publicar el dato del primer trimestre del año. La decisión ejecutada por la entonces conselleira, Rocío Mosquera, fue continuada por su sucesor, Jesús Vázquez Almuiña. Así, tanto en 2015 como en 2016 el pico estival de la espera desapareció de la estadística. Mientras, la inyección adicional de dinero anunciada por Feijóo en primavera de 2016 acercó el dato medio previo a las elecciones gallegas a los 60 días que marca la ley. El primero tras el proceso electoral ascendió levemente y quedó un poco por debajo de los 70.
Los cierres de 2017
Con estas condiciones el Sergas tiene ya en marcha el plan de cierres de camas para este verano. Después de que, en las últimas semanas, los sindicatos sanitarios hayan hecho públicas sus estimaciones, unos 1.000 cierres que supondrían mantener la cifra en máximos, el conselleiro aprovechaba una entrevista en la Cadena SER para explicar que el cierre afectará a “entre el 15% y el 20%” de las camas, lo que viene a confirmar los augurios sindicales -los datos más recientes indican que el Sergas dispone de unas 6.600 camas operativas-.
Mientras Almuiña reitera, como en años anteriores, que la cifra total de camas ya no es tan relevante como antaño -“son importantes en los hoteles y no tanto en los hospitales”, había llegado a ilustrar el pasado verano-, la oposición parlamentaria censura que el conselleiro “tome por tonta” a la población, en palabras de la portavoz de En Marea en materia sanitaria, Eva Solla. Más allá de los “eufemismos”, dice la parlamentaria, lo cierto es que la Xunta toma la decisión pese a “incumplir” el límite de 60 días que se impuso a sí misma. Las listas de espera acreditan, dice, que cerrar camas “es justo lo contrario de lo que se debería hacer”.
En un sentido semejante el diputado del PSdeG Julio Torrado ha anunciado una interpelación a Almuiña para cuestionarlo sobre por qué “ponen en riesgo la atención hospitalaria” con unos cierres “letales en un sistema que de forma habitual está en situaciones límites”. El Gobierno gallego, lamenta, “impone un modelo de sanidad cicatero, más barato, de mercadillo” y ve en el verano “una oportunidad para pagar menos” en vez de para reducir la espera. También el BNG, a través de Montse Prado, censura este cierre sin que siquiera Almuiña lo “haya explicado” o aclare por qué “no serán sustituidos muchos profesionales durante las vacaciones”.