La Xunta propone sancionar por una falta grave al ginecólogo que encabezó las protestas contra el cierre del paritorio de Verín

Javier Castrillo, uno de los principales impulsores de las protestas contra el cierre del paritorio de Verín en 2019, ha recibido una notificación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la que se propone sancionarlo por una falta grave. El castigo que sugiere la instructora son dos días de suspensión de empleo y sueldo. Este es el resultado del expediente disciplinario que la sanidad gallega le abrió al ginecólogo en noviembre del año pasado por discutir la decisión de una colega suya, una pediatra, de trasladar a un recién nacido al hospital de Ourense.

La propuesta de sanción, enviada por correo ordinario, le fue entregada el lunes de esta semana a Castrillo, responsable del departamento de Ginecología en el Hospital de Verín. Tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones y, después de eso, el documento se elevará al órgano competente dentro de la Consellería de Sanidade para que imponga formalmente la sanción. El castigo propuesto se queda muy lejos del máximo al que podría llegar, de dos años de inhabilitación. El médico avanza que presentará alegaciones y que peleará contra cualquier castigo por este caso. “Es injusto”, asegura en conversación con esta redacción.

Castrillo aseguró en su momento que la apertura del expediente era “una venganza” y “un aviso a navegantes”. Este sanitario fue uno de los rostros más reconocibles de las protestas contra la decisión de la Xunta de cerrar el paritorio de Verín. La contestación de profesionales y vecinos hizo que la Xunta tuviese que dar marcha atrás en la decisión y reabriese el servicio tras un par de meses.

Casi un año después de las movilizaciones, el ginecólogo supo de que se había iniciado un proceso disciplinario en su contra por un desencuentro con una pediatra. Los hechos ocurrieron justo antes del cierre del paritorio, con el que iba a ser el último nacimiento de un niño en el centro médico comarcal, el 30 de noviembre de 2019. Según el ginecólogo, el parto se desarrolló sin complicaciones, pero la pediatra de guardia pidió llevar al bebé a Ourense. Él se opuso porque consideró que no había motivo para ese traslado, que finalmente sí se realizó.

La incoación del expediente provocó una reacción política. Los partidos de la oposición acusaron al Gobierno gallego de perseguir al ginecólogo por su implicación en las protestas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, negó que fuese una represalia. Lo cierto es que la médica que informó del incidente reconoció ante los inspectores que lo hizo por orden directa de la Xerencia de Ourense a través de su jefe de servicio.