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El Gobierno de Feijóo ordenó impulsar el expediente contra el ginecólogo de Verín que lideró las protestas por el cierre del paritorio

Imagen de archivo de una protesta del personal por el cierre del paritorio de Verín

elDiario.es Galicia

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Una “disparidad de criterios” entre el ginecólogo Javier Castrillo y una pediatra, ambos del Hospital de Verín, derivó en la apertura de un expediente al primero. Castrillo era conocido por haber sido uno de los rostros visibles de la movilización ciudadana contra el cierre del paritorio de la villa ourensana y entiende que la posibilidad de ser sancionada “es una venganza” del Sergas y un “aviso a navegantes”. El Diario do Támega ha revelado que la médica informó del incidente por orden directa de la Xerencia de Ourense a través de su jefe de servicio.

El documento publicado por el periódico digital de la localidad recoge como la doctora explicó a los inspectores -encargados de elaborar los preliminares del procedimiento- que ella “dio traslado del informe en el cual se describen los hechos” a “la Xerencia a través de mi jefe de servicio. El informe en aquel momento no se hizo por iniciativa propia, fue mi jefe de servicio que habló con Xerencia y me pidieron que lo hiciera”. Al frente de la Xerencia del Sergas en el área sanitaria de Ourense se encuentra Félix Ruibal, de quien dependió la decisión final de incoar el expediente.

El texto también contradice la versión ofrecida por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, la semana pasada al término de la reunión de su gabinete. Entonces negó que se tratase de un “expediente disciplinario”.

“Es una denuncia de una pediatra sobre un ginecólogo por entender que fue tratada de forma absolutamente inaceptable ante una familia. No lo perseguimos. Hay una denuncia de una pediatra, se inicia un expediente, se toma declaración a la denuncuante, al denunciado, a otras personas y se hace una propuesta”, dijo. Este miércoles se escudó en una presunta ignorancia y aseguró que no le constaba “ningún tipo de presión” y que no creía que “los facultativos se dejen presionar para presentar una denuncia”. Sus palabras quedan ahora en evidencia ante la declaración de la propia pediatra.

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