La Renta de Inserción Social de Galicia (Risga) es el subsidio que, desde 1992, está destinado a atender la las personas que “carecen de recursos económicos” para su “subsistencia”. Esta ayuda tiene como objetivo garantizar unos ingresos mensuales de 399 euros, para personas que viven solas, y que van aumentando gradualmente en función de las personas que tenga a su cargo quien la solicite hasta un máximo de 601 euros, destinados a unidades de convivencia de cinco personas. Quien la perciba durante más de cuatro años pasa a cobrar, en todo caso, un máximo de 364,90. Se trata, por lo tanto, de un ingreso al que acceden personas en situación económica límite que, según marca a Ley de Inclusión Social, debe ser concedida en unos dos meses, un plazo que ahora la Xunta, a través del PP, dice estar dispuesta a cumplir.
Los conservadores acceden a ajustarse a la ley que ellos mismos impulsaron a raíz de una iniciativa presentada por el BNG y que este miércoles salió adelante con el apoyo de la unanimidad del Parlamento previa transacción con el grupo mayoritario. Tanto la Risga como las Ayudas de Emergencia Social (AES) están siendo tramitadas con notabilísimos retrasos, advirtió la nacionalista Carme Adán, que denuncia demoras de hasta ocho meses. Esta advertencia del Bloque no es nueva, recuerda la parlamentaria, quien también recuerda que el pasado mayo, en una interpelación al respeto, la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, “culpó a las trabajadoras y trabajadores sociales” de los ayuntamientos de estos retrasos.
Concretamente, en aquel debate Mato admitió “demoras difíciles de soportar” en estos trámites, si bien descargó buena parte del problema en la “parte” de la tramitación que corresponde a la Administración municipal. “La Xunta -advirtió- no va a responder por los tiempos de los ayuntamientos”. “Póngase las pilas”, exigió Adán, evidenciando que “por detrás de los expedientes hay personas”. Mato, por su parte, se jactó entonces de la ampliación presupuestaria efectuada por su departamento para atender la Risga, un discurso que ha venido reiterando en los últimos meses también el presidente de la Xunta y que obvia, no obstante, que ese incremento de fondos se debe la que la financiación de estas ayudas depende del número de personas que las solicitan y, por lo tanto, implica que hay un mayor volumen de población en riesgo de exclusión.
Así las cosas el acuerdo conseguido este miércoles no sólo insta al Ejecutivo a “agilizar la tramitación” de la Risga y de las AES “para adecuar el tiempo a los plazos que marca la normativa vigente”, sino también instar a los ayuntamientos a hacer lo propio y, sobre todo, a paliar las demoras de las personas que estan esperando a cobrar. Para ellas se acuerda “que todas las personas que tengan solicitada la Risga” al amparo de dicha Ley de Inclusión “y estén esperando por la resolución de la misma” por encima del tiempo legal vean “reconocido el derecho por silencio administrativo”. Además, “todas las solicitudes registradas antes del 31 de marzo de 2014” tendrán que ser resueltas “en un plazo máximo de dos meses”.
Las personas perceptoras se duplicaron en tres años
Este acuerdo parlamentario llega en un contexto en el que los propios datos oficiales sirven para ilustrar el incremento de necesidades básicas entre la población gallega. Mientras los gobiernos gallego y central mantienen abierta la guerra de cifras sobre indicadores como el riesgo de pobreza -Feijóo llegó a cuestionar los datos de Cáritas- el Instituto Galego de Estatística (IGE) evidencia, recogiendo números de la propia Consellería de Benestar, que a finales de 2013 las personas perceptoras de la Risga eran casi el doble que hace cuatro años, llegando a las 9.300.
Estas cifras son aún más elocuentes si se comparan con los años inmediatamente anteriores a los de la crisis económica. Así, por ejemplo, entre 2004 y 2007 percibían la Risga unas 4.200 personas, con variaciones prácticamente nulas de año a año. La curva ascendente se inició en el año 2009, cuando ya rozaban las 4.800 perceptoras, y se disparó en los años siguientes hasta llegar a las mencionadas 9.300. Esto implica, además, que en el pasado año ya se superaron las previsiones formuladas por la propia Xunta para el 2014. Según los presupuestos de Benestar las personas atendidas con este subsidio en el presente ejercicio iban a ser 8.270.
Los comedores escolares podrán usarse en verano para alimentar la infancia más vulnerable
Ramón Vázquez (AGE) defiende la iniciativa
El acuerdo en torno a los plazos de la Risga no ha sido la única sorpresa del agitado pleno del Parlamento de este miércoles. El PP accedió también, aunque parcialmente, a otra petición de la oposición en clave social, aunque matizando la propuesta y después de fijar una posición que no hacía prever un acuerdo. En este caso la iniciativa venía de AGE, que a través del diputado Ramón Vázquez observó la necesidad de abrir los comedores escolares durante el verano para así garantizar una correcta alimentación para los niños y niñas de familias con problemas económicos.
En Galicia, dice Vázquez, hay un “importante” número de niños y niñas con una “alimentación deficitaria” que se demuestra en que “acuden al colegio sin desayunar” o que aprovechan de manera exagerada el almuerzo escolar por ser la única comida que pueden realizar en buenas condiciones a lo largo de toda la jornada. “Muchas familias no saben lo que le van a dar de comer a sus hijos en los meses del verano”, alertaba el parlamentario de Alternativa, que se encontró con una llamativa respuesta en las filas del PP que, a través de Román Rodríguez, rechazaba la propuesta porque veía en ella un “riesgo de excesiva visibilidad” del problema“ que llegaría a provocar ”cierta discriminación a los usuarios de estos centros“.
Sin embargo, tras el debate llegó un ejercicio poco habitual, el de la negociación. Finalmente, la unanimidad de los grupos avaló un texto en el que el Parlamento insta la Xunta a desarrollar “las medidas necesarias para evitar que ningún niño o niña carezca de alimentación o sustento necesario por estar en situación de vulnerabilidad, poniéndose en marcha convenios con los ayuntamientos interesados, pudiéndose usar las instalaciones de los centros educativos en colaboración con los servicios públicos de bienestar”.