Eterno retorno. En abril de 2008 el pleno del Parlamento aprobó por unanimidad remitir al Congreso de los Diputados la solicitud del traspaso de competencias sobre tráfico y seguridad vial, lo que en la práctica supondría el despliegue de la policía gallega creada por ley un año antes. Cuando las Cortes debatieron la petición gallega, dos años después, el gobernante PSOE votó en contra y el PP, que con un voto a favor podía desequilibrar la balanza, optó por la abstención. El proyecto gallego decayó.
Casi once años después de aquella última gran frustración del autogobierno gallego antes de quedarse congelado durante una década, el Parlamento autonómico acaba de abrir la puerta a plantear otra vez esa petición y a hacerlo en un contexto de incertidumbre política mucho mayor al de hace una década. En 2008 el PP, en la oposición en Galicia, había votado a favor de solicitar al traspaso al Gobierno de España del PSOE, como proponía el BNG en coordinación con su entonces socio de Gobierno, el PSdeG.
Ahora quienes lo han proupuesto son los socialistas con el voto a favor del resto de la bancada izquierda de la Cámara, En Marea y BNG. El PP, contra pronóstico, ha optado por la abstención en el debate de toma en consideración, permitiendo comenzar a tramitar la ley. En caso de llegar a aprobarse definitivamente la petición ya iría dirigida al Ejecutivo central posterior a las elecciones del 28 de abril.
El PSdeG ha decidido recuperar este debate en las últimas semanas después de que, en pleno giro recentralizador del PP de Pablo Casado, los de Alberto Núñez Feijóo decidiesen apoyar una iniciativa del BNG que exigía nuevas competencias para Galicia, aunque el propio Feijóo matizó ese apoyo poco después. Esta, defiende el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, sería una transferencia “útil” para adaptar la regulación del tráfico a las peculiaridades de la red viaria gallega, además de para desplegar la policía propia y, al tiempo, para hacer una “defensa radical de ideas moderadas como es el Estado Autonómico” como “mejor garantía de enfrentarnos a los riesgos que nos amenazan” desde los “extremos” del espectro político, defiende.
Por parte del PP la intervención del diputado Martín Fernández Prado hacía intuir un voto en contra más que la abstención que finalmente se produjo. Según los populares la transferencia de tráfico no es “prioritaria”, ya que para “empezar a hablar de autogobierno” con el Gobierno de España tras diez años de parálisis lo que corresponde “priorizar” es la transferencia de la autopista AP-9 “sin costes extras” para la Xunta, mejorar los Presupuestos del Estado y “completar” la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita a la Xunta (la apodada como Policía autonómica, que precisaría 100 agentes más para completar los 500 que puede llegar a tener). No obstante, los conservadores creen que el PSdeG vuelve a defender este traspaso para “tapar” otros “intereses partidistas” como “dar cobertura a los 21 puntos del señor Torra”, teorizó, en referencia al presidente de la Generalitat catalana.
Tanto En Marea como BNG votaron también a favor de la tramitación de una petición que, con la abstención del PP, inicia recorrido parlamentario sin garantías de llegar a ser enviada al Congreso y, en caso de que lo sea, condicionada al juego de mayorías que salga de las urnas el 28-A. Según Leiceaga, procede aprovechar la “sensibilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el autogobierno y no secundar el programa “recentralizador” de Casado. Matiza, no obstante, que el PSdeG no está en condiciones de “garantizar” el apoyo del PSOE en el Congreso si el trámite llega a completarse. “Lo vamos a intentar”, promete.