El esfuerzo que el Partido Popular realizó a lo largo del fin de semana en sus redes sociales revelaba que la derecha era consciente de la magnitud del malestar social. Conselleiros y diputados repetían argumentario en pequeños vídeos: la culpa es de Pedro Sánchez. No mencionaban un detalle, el de que la Xunta de Galicia tiene competencias exclusivas en la materia. Y la materia es la sanidad pública, cuya defensa congregó este 12 de febrero a decenas de miles de gallegas y gallegos en Santiago de Compostela. La oposición parlamentaria, BNG y Partido Socialista, exige al Gobierno autonómico que escuche el evidente “clamor social”. El PP no se apea de su táctica. “Esperamos que BNG y PSOE usen sus influencias en convencer al Gobierno central para que tome las decisiones estructurales necesarias para poder cubrir las vacantes de personal sanitario existentes”, declaró desde el Museo Galego do Entroido e Xinzo de Limia su portavoz parlamentario, Pedro Puy.
Ni sindicatos, ni agrupaciones profesionales, ni pacientes comparten el desvío de responsabilidades que hace el Partido Popular. La comunidad autónoma gestiona el Servizo Galego de Saúde desde la transferencia, en 1990, de la política sanitaria. Los conservadores han gobernado durante más de 28 de los 32 años transcurridos. Según datos del Ministerio de Sanidad, Galicia es la segunda comunidad del Estado -después de Madrid- que menos invierte en atención primaria: un 11,6% del presupuesto total de sanidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda -lo recordó la líder nacionalista Ana Pontón este lunes- un 25%. Bajo los sucesivos gabinetes de Núñez Feijóo, quien dimitió hace ahora un año de la presidencia de Galicia, el número de médicos de familia quedó congelado.
Fue precisamente Ana Pontón quien calificó de histórica la marcha del domingo. “Los recortes en sanidad matan. Es así de terrible y así de real”, afirmó en su balance de la protesta. Su enumeración de los principales problemas de la sanidad pública gallega no hizo más que reproducir las reclamaciones ciudadanas habituales: listas de espera en primaria, niños sin pediatra, servicios de urgencia saturados, puntos de atención continuada que carecen de facultativos, precariedad en la contratación pública. “No es una casualidad, es el resultado de una voladura controlada”, añadió, “deteriorar lo público para que lo privado haga negocio”.
El portavoz del Partido Socialista en la Cámara gallega, Luis Álvarez, se expresó en términos análogos. A su ver, la Xunta “debe escuchar el clamor social” e ir más allá de las “ocurrencias, parches e improvisaciones constantes”. Hacía referencia a los anuncios con los que Alfonso Rueda intentó desanimar la asistencia a la movilización del domingo, todos dirigidos a los médicos: sobresueldos por guardias en agendas repletas, limitación de consultas en los centros de salud que en ocasiones ya apenas dan abasto, y 400 plazas mediante concurso sin examen. Para la Asociación en Defensa da Sanidade Pública, “medidas desesperadas tras años de una política de personal desastrosa”. “Rueda y su conselleiro de Sanidad fueron dos de los mayores contribuyentes al éxito de la manifestación tras semanas de intentar desprestigiarla”, concluyó Álvarez.
El responsable de Sanidad, Julio García Comesaña, ofreció el mismo domingo una oportuna, y agresiva, entrevista en la radio pública gallega. Se despachó contra nacionalistas y socialistas, a los que acusó sin mayor concreción de mentir, manipular y ser incoherentes. Y, al igual que el presidente gallego hizo desde la Feira do Cocido de Lalín, aseguró que la convocatoria tuvo “uso político”. Rueda y Comesaña se pliegan aquí al manual de estilo de Feijóo, por el cual la palabra política tiene connotaciones negativas. Eso no les impide despejar las protestas ciudadanas, de las cuales la del domingo fue una muestra pero ni muchísimo menos la única, con ataques políticos a Pedro Sánchez. Lo repitió Pedro Puy: “[PSdeG y BNG] hicieron bandera política de una manifestación sobre la sanidad pública e intentaron capitalizarla”.