El PP gallego ha cambiado de opinión en poco más de un mes sobre el traspaso de competencias de tráfico a Galicia. Ha pasado de abstenerse a oponerse a una iniciativa del BNG. Entre una votación y la otra mediaron las protestas de varios colectivos de guardias civiles y las críticas de Vox, a través de un tuit de una de sus diputadas en el Congreso, Macarena Olona. Sin el apoyo del grupo mayoritario en la Cámara gallega, la propuesta queda en vía muerta.
En la entrada a trámite de la iniciativa promovida por el BNG el PPdeG se abstuvo, pero ahora ha anunciado que la va a paralizar en el trámite de comisión parlamentaria. No ha presentado ni siquiera enmiendas al texto. En declaraciones a Europa Press, los populares han puesto como excusa que la tramitación de la ley de traspaso de la titularidad de la AP-9 está tardando, un argumento que no guarda relación con el fondo de la cuestión. En este momento, han indicado fuentes del partido, se quieren centrar en las cuestiones pendientes y no iniciar nuevos procesos.
En realidad, el PP de Galicia ya había empezado a cambiar de opinión en mayo. Se reunió con representantes de diez colectivos de guardias civiles, muy críticos con su postura y anunció después que renunciaría a reclamar estas competencias si no se podía garantizar la presencia de la Guardia Civil en Galicia. Tras aquel encuentro, la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) llegó a tachar la proposición de ley de “falta de respeto” y de “falta de consideración” hacia todos los agentes del instituto armado.
Por su parte, los socialistas registraron una enmienda a la propuesta del BNG. También se hicieron eco de las protestas de los guardias civiles y propusieron incorporar al texto, que no se va a tramitar, que “se habilitarán los mecanismos necesarios, dentro de los términos legalmente permitidos, para garantizar, de ser el caso, la prioridad en el acceso de los agentes de la Guardia Civil que decidan entrar a formar parte de la policía que vaya a ejercer las competencias transferidas”.
No es la primera vez que esta competencia entra en vía muerta. Recogida en el Estatuto de Autonomía y facultada por la propia Constitución, en 2008 el Parlamento de Galicia aprobó de forma unánime la reclamación. Cuando llegó al Congreso en 2012 el voto en contra del PSOE (que entonces estaba en el Gobierno) y la abstención del PP echaron por tierra esta aspiración. En 2019 fueron los socialistas los que presentaron una iniciativa para el traspaso de estas competencias, pero tampoco prosperó.