El 31 de octubre de 2012 la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santiago, entonces con mayoría absoluta del PP, aprobó que un piso de propiedad municipal pasara a ser utilizado de manera “gratuita” por Red Madre, la organización antiabortista promovida por el Foro Español de la Familia. La vivienda, que en la etapa de gobierno de PSdeG y BNG era utilizada como un piso “de emergencia social”, pasó a convertirse en el Centro Red Madre Santiago, esto es, en la sede del colectivo. La pasada semana el nuevo Gobierno de la capital gallega, de Compostela Aberta, decidió que no mantendrá a financiación pública la esta organización y, además, avanzó que no renovará la cesión del piso, que termina en 2016. Este lunes el PP ha vuelto a cargar contra la decisión del gabinete de Martiño Noriega a través de quien, en su etapa de concejal, impulsó la asignación del piso, su viceportavoz parlamentaria, Paula Prado. Y lo hizo equiparando a estos grupos con Cáritas.
En el transcurso de una rueda de prensa para presentar una iniciativa a favor de la “formación en igualdad” del personal sanitario, educativo y jurídico, Prado fue cuestionada por la decisión del Consistorio compostelano, y replicó con dureza. A juicio de la conservadora, no entregarle 3.000 euros a Red Madre y otros 3.000 a la asociación Centinelas -a través de sendos convenios- suponen una manera de proceder “no admisible en una democracia”. “¿También le van a quitar las ayudas a Cáritas?”, se pregunta la popular, que, no obstante, obvia que en el reparto de ayudas es precisamente esta entidad social vinculada a la Iglesia católica la que más fondos percibe en este reparto, con un total de 140.000 euros para financiar dos de sus programas en la ciudad, uno que atiende las necesidades primarias de personas en riesgo de exclusión y otro dirigido a mujeres víctimas de explotación sexual.
Esta controvertida equiparación llega pocos días después de que el portavoz municipal del PP, el exalcalde Agustín Hernández, también criticara con dureza la decisión del Ayuntamiento de Santiago a través de una polémica comparación. En su caso, Hernández aseguró que retirar la cesión de un piso público a la Red Madre suponía que Noriega pasaba a ser “protagonista” de un “desahucio”. Estas afirmaciones fueron consideradas como un “insulto” por parte de Stop Desahucios, que en un comunicado lamentó la actitud de Hernández y subrayó que “las viviendas municipales deben estar al servicio de los más pobres”, y no de grupos que “agreden el derecho de las mujeres a decidir”.
En este contexto, es ahora la cúpula autonómica del PP, a través de Prado, la que acusa al Ayuntamiento santiagués de “retirar ayudas a entidades sin ánimo de lucro en las que trabajan voluntarios”. Según la diputada, la retirada de los 3.000 euros supone ir contra quien “ayuda a personas en situación crítica que en muchos casos son derivados por profesionales técnicas, las trabajadoras sociales”.
Estos argumentos habían sido ya empleados por el PP para aprobar en 2009 la ley que blinda las ayudas de la Xunta para Red Madre y otras entidades afines. Este texto legal, el primero aprobado en el Parlamento tras la victoria de Alberto Núñez Feijóo, es el que permite, por ejemplo, que tan sólo entre 2012 y 2013 a Red Madre haya recibido subvenciones de la Secretaría de Igualdad de la Xunta por importe de 120.000 euros, la mayor parte para sufragar gastos de personal. De esta norma deriva también el “protocolo de renuncia de bebés en el hospital” aprobado por el Consello da Xunta en 2012 o la inclusión de la entrega en adopción junto a la información sobre métodos anticonceptivos.