*El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no va a dar explicaciones urgentes en el Parlamento de Galicia por el sobrecoste, cifrado en 470 millones de euros por el Consello de Contas, en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El PP ha utilizado su mayoría para impedir la comparecencia del máximo responsable gallego en en un pleno para aclarar el proceso en la Cámara. Todos los representantes de la oposición, que califican lo ocurrido con el centro sanitario de “estafa” respaldaron la petición de comparecencia.
El portavoz del PP, Alberto Pazos Couñago, ha afirmado que el informe, que relata que hubo desde un sobrecoste millonario por el modelo elegido por Alberto Núñez Feijóo hasta una reducción de la superficie hospitalaria que no conllevó una rebaja del precio y gastos mal atribuidos, “no señala ni una sola irregularidad”.
En su opinión, “se limita a analizar dos posibles formas de licitación”. Y la conclusión es que la elegida por el Gobierno gallego que entonces dirigía el ahora líder del PP estatal supuso un desembolso mucho mayor que haber recurrido a una licitación tradicional sufragada con fondos públicos. El sistema que se impuso supuso que las empresas adjudicatarias financiaron la construcción y la Xunta empezó a pagar con la puesta en funcionamiento un canon que se va a mantener hasta mediados de la próxima década. Y también que sean esas empresas las que dan -y cobran por ello- los servicios no clínicos a través de una concesión.
Pazos atacó al BNG por lo que calificó de “uso espurio” del reglamento de la Cámara por provocar un pleno de la Diputación Permanente en pleno agosto para pedir la comparecencia de Rueda por una cuestión que ve “no urgente”. La diputada portavoz de sanidad el BNG, Montse Prado, le replicó que no fue su formación la que eligió el momento en el que Contas dio a conocer su informe, en el último día de julio.
Prado recordó que el proceso de licitación, adjudicación y construcción del Álvaro Cunqueiro estuvo “envuelto desde el inicio en el escándalo y la sospecha de que era un ruinoso negocio para las arcas públicas, pero magnífico para las empresas”. Con esta privatización de la construcción, sostiene, las empresas adjudicatarias -dentro de una unión temporal de empresas (UTE)- no asumieron “ningún riesgo”, pero la ciudadanía gallega sí lo hizo. “Fue puro y duro neoliberalismo, una elección del PP de convertirlo en negocio para empresas amigas”, manifestó. Ahora, el informe de Contas pone “negro sobre blanco” el sobrecoste y el BNG reclama explicaciones y que el hospital se rescate y sea plenamente público. Es, añadió, “una estafa” para los gallegos.
Prado criticó también los cambios en el proyecto inicial que recoge el informe del Consello de Contas y que provocaron una reducción de la superficie. Lo atribuyó a una intención de que los pacientes del área sanitaria de Vigo sigan “dependiendo de Povisa”, un centro privado con el que la Xunta tiene un millonario concierto. En el mismo sentido se pronunció el portavoz del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro: “Hicieron un hospital más caro para que fuese más pequeño. Si tuviese las dimensiones previstas originalmente no tendríamos que desviar pacientes a Povisa”.
El líder de los socialistas acusó al PP de tomar la decisión sobre el modelo para el hospital con el fin de que fuese “más beneficioso para los fondos especulativos” que para la ciudadanía. Los pagos para devolver a las adjudicatarias el dinero adelantado para la construcción se pactaron, según Besteiro, con “condiciones verdaderamente usureras”. Devolverlo a manos públicas íntegramente, añadió, “es posible y sale a cuenta”: “Quedan 10 años de un canon que es un chollo para la concesionaria y un dolor para los gallegos”.
Feijóo y los hospitales dejados a deber
Besteiro recordó también las palabras de Alberto Núñez Feijóo cuando, en 2022, hacía campaña interna para ser elegido líder del PP estatal. En un acto en Baleares dijo: “Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?'. Porque, si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”. El líder del PSdeG pidió a los populares que tomen nota de estas palabras.
El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, se limitó a considerar que la convocatoria de la Deputación Permanente está “justificada” para que el Gobierno gallego “tenga oportunidad de dar explicaciones y valoraciones” por el sobrecoste.
El PP, “orgullosísimo”
Pazos Couñago justificó la postura en contra del PP recurriendo al argumentario de la Xunta desde que se hizo público el informe de Contas: el hospital, proyectado mucho antes de la pandemia, dio servicio durante la crisis sanitaria por el COVID y el modelo se eligió en un contexto de crisis económica con el objetivo de “priorizar la salud de los gallegos”. Citó una referencia que hace el documento a que, para construir el Álvaro Cunqueiro con el sistema tradicional, la Xunta tendría que haber renunciado a algún gasto corriente o inversión si quería cumplir los objetivos de déficit. El informe no indica en qué área tendrían que aplicarse tales renuncias.
Para Pazos Couñago la elección de este modelo con un pago pospuesto, un canon a 20 años que se sigue pagando y una concesión es similar a la que hace un ciudadano cuando pide una hipoteca para su vivienda, pese a que sabe que sería más barato pagar al contado. A juicio del diputado, el hecho de que el centro nunca haya usado toda su capacidad es muestra de que “está bien dimensionado”. “Estamos orgullosísimos de haber construido uno de los mejores hospitales de Europa”, zanjó frente a las críticas de Contas.