El PP es inmune a lo que sucede en la Corporación de Radio Televisión de Galicia. Ni las huelgas -tres jornadas en el último mes-, ni los conflictos -el último conocido, el traslado de la presentadora Mayte Cabezas tras criticar a Feijóo en sus redes sociales por el trato a las víctimas del terrorismo-, ni las reiteradas acusaciones de manipulación, parecen afectarle. Este martes, la derecha ha rechazado en el Parlamento gallego la reprobación del director general del ente público, Alfonso Sánchez Izquierdo, propuesta por la oposición a la vista de los hechos recientes. Y ha elevado el tono, al acusar a BNG y Partido Socialista de acosar a la CRTVG “al más puro estilo Trump”.
“Cuestionan la independencia del director general de la CRTVG, que nunca fue en ninguna lista electoral, mientras algunas de las personas que encabezan las protestas por esa falta de independencia sí lo han hecho”, llegó a sostener la diputada popular Carmen Pomar. El directivo, Alfonso Sánchez Izquierdo, elegido nada más entrar Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, lleva más de una década en una situación transitoria de interinidad. Pese a que la ley autonómica de medios aprobada en 2011 obliga a una mayoría parlamentaria cualificada para elegir director general, el PP lo ha mantenido en el puesto y no ha negociado con la oposición su continuidad o relevo. Lo solventó en 2015 con una reforma legislativa por la puerta de atrás en la ley de acompañamiento de los presupuestos.
Nada de eso recordó Pomar en su intervención parlamentaria de este martes. Sí que el clima hostil que denuncian trabajadores de la radio y la televisión públicas gallegas y que achacan a la cúpula son en realidad responsabilidad del “trumpismo” de socialistas y nacionalista. E incluso se permitió tildar de propagandista la iniciativa de la reprobación, impulsada por el BNG y apoyada por el PSOE.
La oposición insistió en sus denuncias de los últimos años. El incumplimiento de la ley de medios en varios aspectos clave como la constitución de un consejo de informativos o de un estatuto profesional o el respeto al pluralismo, los usos del gallego o la función de servicio público -que recoge la normativa de la CRTVG- fueron algunas de las cuestiones que afeó la diputada María Albert, del Bloque. La socialista Noa Díaz aseguró que el tiempo de Sánchez Izquierdo al frente de la corporación “está más que agotado” y reclamó también que se cumpla la ley y no se vulneren los derechos de los trabajadores.