El último episodio que ha transcendido es judicial. Hace algo más de un mes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la televisión pública gallega por vulnerar la libertad de expresión de un trabajador. La compañía se inhibía de recurrir la sentencia, que consideraba probado que la sanción impuesta por la dirección del ente al periodista Carlos Jiménez lo había sido por su participación en la protestas del personal contra la manipulación informativa, los llamados Venres Negros. Al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hechos tan graves no le merecieron mayor comentario que, a preguntas de la prensa, un lugar común, el del “respecto a la justicia”. A la vista de lo sucedido en los medios públicos gallegos desde 2009, cuando Feijóo llegó al Gobierno gallego, la evasiva de Rueda era previsible.
Los 6.251 euros que la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) deberá abonar a Jiménez por “daños y prejuicios por vulneración de derechos fundamentales” son, efectivamente, el último de una larguísima serie de episodios. La que ha conducido al canal al centro del debate público. La sumisión a los intereses del Partido Popular, la precariedad laboral, el incumplimiento de la ley parlamentaria de medios o el descontrol en la emisión de contenidos machistas marcan el día a día de una de las insituciones más emblemáticas de la autonomía gallega. Lo denuncian con insistencia sindicatos, asociaciones profesionales o los partidos de la oposición, para los que la situación, además de afectar al derecho a la información de la ciudadanía, aboca a la propia idea de medio público -y su cometido singular de “agente normalizador de la lengua y la cultura gallega”- al desprestigio.
Informativos en manos de una interventora del PP
El colectivo Defende A Galega organiza desde hace más de cuatro años los Venres Negros. Se trata de un acto simbólico por el que los trabajadores y trabajadoras de la compañía visten de negro e inundan las redes sociales con sus imágenes para que la CRTVG “cumpla la misión para la que fue creada”. “Hablamos del derecho de las gallegas y de los gallegos a tener la tele y la radio por la que pagan, que sirva a sus intereses y no a los de los que están en la Xunta”, explican vía correo electrónico a elDiario.es. Fue el apoyo de Carlos Jiménez a esta iniciativa la que originó el proceso sancionador ahora revertido por la Justicia. Pero los mecanismos que han ido aprisionando a la CRTVG había comenzado a activarse mucho antes. Los síntomas se iban multiplicando.
Solo hacía dos años de la llegada de Feijóo a San Caetano, sede del Gobierno gallego, y del nombramiento del todavía director general de la compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, cuando el Partido Socialista reveló en el Parlamento que la directora de informativos nombrada por el nuevo equipo había sido interventora electoral por el Partido Popular. Pilar Martínez respondió que nunca había sido militante de la formación conservadora y que ejercía su derecho como ciudadana. Ya no ejerce esa función, pero aquello fue una señal. “Todo lo que sucede es grave”, señala Defende a Galega, que pone el foco en “su uso partidista, con múltiples muestras de manipulación y censura”.
Pasaban de las nueve de la noche del 24 de mayo de 2012, Galicia en medio de una de las mayores crisis económicas recientes y los populares aplicaban la tijera en la inversión pública, cuando el informativo de Televisión de Galicia interrumpió su escaleta y concetó con el Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela. Feijóo firmaba papeles junto al entonces director general de la petrolera estatal mexicana Pemez, Juan José Suárez Copell. El presidente gallego usaba la rimbombancia de las grandes ocasiones para prometer la construcción en astilleros gallegos de 14 remolcadores y 2.500 empleos entre directos e indirectos. Las cifras engordaban conforme se acercaban las elecciones de octubre y Feijóo llegó a incluir hasta 40 buques en sus repetidas promesas. La realidad, de la que la Televisión de Galicia informó con mucha menos fruición, fue finalmente otra: solo dos pedidos llegaron a las factorías gallegas. Y varios exdirectivos de Pemex que había compartido fotografías con el expresidente acabron perseguidos por la Justicia.
Tampoco se esforzó la radio pública gallega en explicarle a su audiencia otras célebres fotografías, las que retrataban a Núñez Feijóo junto al narcotraficante Marcial Dorado en diversos lugares y situaciones. Las publicó en abril de 2013 El País. Para la emisora, en conexión en directo con el mandatario, lo relevante de su opinión era saber si se le ocurría quien podía haber filtrado las imágenes. “La calidad del servicio público es cada vez peor”, resume Anxo Méndez Añon, presidente del comité intercentros de la CRTVG por la CIG, quien recuerda el incumplimiento sistemático de la ley de medios aprobada en el Parlamento de Galicia hace más de diez años.
Desidia respecto a la legalidad vigente
Esta desidia respecto a la legalidad vigente acarrea consecuencias concretas. La eternamente atrasada constitución de un consejo de informativos y un estatuto profesional -ambos recogidos en la norma- no es más, argumentan los sindicatos, que una estrategia de la dirección para no ceder control. El comité añade otras reivindicaciones urgentes, que plantea hace años a la cúpula de la compañía y con las que coincide Defende a Galega: poner coto a la externalización de programas y fomento de la producción propia, elaborar un “contrato programa” que obligue a una parrilla de auténtico servicio público, o la recuperación de las suprimidas desconexiones locales. Todas ellas encuentran amparo en la ley de 2011. Pero ninguna está en marcha. Tampoco la solución de la “situación anómala” de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general del ente, en funciones desde 2015. Su relevo, o ratificación, depende del apoyo de dos tercios de los escaños del Parlamento. El PP lo mantiene congelado.
Sánchez Izquierdo suele despachar sus comparecencias en la Cámara -a las que loe obliga la ley- con cierta displicencia y sin entrar al fondo de las críticas planteadas por los partidos de la oposición, BNG y PSdeG. Lo que Defende a Galega entiende como “falta de perspectiva de género en los contenidos y en los programas” ha llegado a debate más de una vez. Todavía el mes pasado, el programa Fun polo aire se dedicaba a reportajear la manera de “conseguir unos glúteos perfectos” a partir de la cirugía estética. Los sindicatos exigieron explicaciones y lo calificaron de machista. Unos días después, el canal emitía una hagiografía del rey Juan Carlos tras su polémica visita a Sanxenxo. Y al poco tiempo, un cura benedecía en directo el nuevo estudio de la Radio Galega.
La oposición y la ley de medios
Al Consello de Administración le corresponde el control y la administración de la CRTVG. Lo componen siete miembros, uno el director general y los otros seis a propuesta del Parlamento. El salto de Feijóo a la política madrileña ha provocado en él tensiones inesperadas. Luis de la Mata, ex jefe de prensa de los populares gallegos, lo abandonó para hacerse con el mismo cargo pero a nivel estatal. La renovación del consello necesita ahora de mayoría reforzada, 50 votos en primera vuelta o 45 en segunda. El PP, que ya ha propuesto a sus dos miembros, cuenta con solo 42. El BNG asegura que no accederá a renovarlo si el Partido Popular no se compromete a cumplir la ley de medios. El PSdeG todavía no ha anunciado su posición.