Áurea, de 88 años, con “deterioro cognitivo leve-moderado” y “desorientación témporo-espacial”. Carmen, de 79, con la memoria “alterada”, “capacidad de juicio crítico limitada” y “analfabeta”. Rosario, 86 años, diagnosticada de Alzhéimer. Son tres de las ancianas y sus respectivas evaluaciones forenses que, según ha acreditado la jueza Sandra Piñeiro en su auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 6 de junio y revelado en exclusiva por eldiario.es, fueron “carrexadas” -acarreadas, en su traducción literal al castellano- por dirigentes y militantes del PP de Lugo en la jornada de las elecciones gallegas del 21 de octubre de 2012. La magistrada acaba de dar el paso para sentar en el banco a José Luis Iravedra, Serafín Rodríguez, Benigno Gómez y Teresa Taboada por un presunto delito electoral en el que la actual dirección de los populares lucenses sólo ve “ayuda”.
Tras la salida a la luz de la decisión judicial que la Fiscalía ha intentado archivar, la cúpula del partido, ahora dirigida en la provincia lucense por la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, ha emitido un comunicado en defensa de quien había sido su presidente, Iravedra, de quien ahora forma parte de su directiva, Taboada, y del resto de militantes acusados. “El hecho de que afiliados del PP ayuden a desplazarse a personas con movilidad reducida en ningún caso puede entenderse como una conducta objeto de reproche penal”, afirman. Y eso, aseguran, es lo que sucedió en lo que la magistrada y la acusación popular, Esquerda Unida, consideran un claro caso de 'carretaxe' desde el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados hasta el colegio electoral próximo.
Los conservadores se amparan en los argumentos lanzados desde la Fiscalía en 2015 para asegurar que no existe “indicio alguno” de una “posible comisión de conductas que tengan encaje en alguno de los tipos delictivos previstos en la ley electoral o en el Código Penal”. Así, argumentan, “todas las personas que en el día de los hechos acudieron a emitir su voto” estaban “inscritas en el censo electoral”, evidencian, y además “ninguna de ellas estaba incapacitada legalmente”. En esta línea, en la votación de estas personas -que, según el auto judicial “carecían de capacidad para decidir su voto” y sólo participaron en los comicios porque los miembros del PP los llevaron- se cumplió “escupulosamente todas las normas”. “Prueba de esto -agregan- es que nadie de la mesa electoral hizo la más leve referencia o cuestionó el derecho al voto de estas personas”.
“Un éxito para la democracia”
Lo que para el PP supone una severa contrariedad en el inicio de la campaña desde Esquerda Unida, acusación popular en el proceso -los hechos fueron inicialmente denunciados desde AGE, en el propio colegio electoral-, se celebra lo que para el diputado Ramón Vázquez es “un éxito para la democracia”, toda vez que da por seguro que se llegará a celebrar “el primer juicio del país por acarreo de votos, una práctica que, por desgracia, está extendida y asumida por el PP en Galicia”. Si finalmente se produce el juicio -el auto del 6 de junio es recurrible- supondrá un “paso esencial en la titánica lucha de regeneración democrática”, asegura.
En este punto, para la coordinadora nacional de EU y número 2 de En Marea por A Coruña, Yolanda Díaz, más allá lado de esperar al desarrollo del proceso judicial lo que urge son explicaciones y decisiones por parte de Alberto Núñez Feijóo en su calidad de presidente del PPdeG, “haciendo asumir responsabilidades a las personas implicadas en esta trama”, comenzando por Teresa Taboada, “nombrada miembro del comité ejecutivo provincial del PP de Lugo” el pasado marzo. Díaz se dirige también a Candia para que aleje de su cargo a Taboada, más todavía porque la alcaldesa mindoniense, como portavoz en la Diputación Provincial, suele “presentarse como azote del control del gobierno”.
A la espera del desarrollo del proceso Díaz ve “demostrado” que “los imputados formaron parte de un comando organizado del PP para acarrear votos”. “Es bochornoso -agrega- ganar unas elecciones denigrando a las personas y en la ilegalidad”. “Este es un tema sumamente serio, hablamos de personas en situación de especial vulnerabilidad”, señala, mientras subraya que EU volverá “a pedir la comparecencia como testigo” de José Manuel Barreiro, denegada por la jueza, y de la monja que dirige la residencia de los ancianos, ambos como responsables de esta aberración democrática“.