Ni la petición de responsabilidades a la gerente del área sanitaria de Santiago, prima de Núñez Feijóo, por los conflictos con el personal. Ni la acumulación de pacientes en los pasillos de las urgencias del Hospital de A Coruña, el propio Gobierno gallego admitió hasta 51 este martes. Ni las reiteradas movilizaciones ciudadanas. Ni el caos en la atención primaria, con listas de espera de más de una semana en el médico de cabecera, denunciado por organizaciones colegiales y sindicales. Ninguna de estas y otras circunstancias de la crisis sanitaria consiguen mover a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, de su mantra al respecto de una materia en la que la autonomía tiene competencias prácticamente exclusivas: ha aprobado “los presupuestos más altos de la historia, también en sanidad” y es el Ejecutivo central el responsable de que no haya facultativos de familia.
“¿De qué recortes me está hablando?”, respondió a la portavoz del BNG, Ana Pontón, en la sesión de control parlamentario de este miércoles. La nacionalista le había preguntado por la situación sanitaria tras 13 años “de recortes y privatización” y había colocado las evidencias en el debate: las políticas del PP han originado problemas en la atención primaria, en los puntos de atención continuada, en las listas de espera o, como derivada, en la saturación de las urgencias. Pontón salpicó su intervención de numerosos titulares de prensa que recogen el enorme malestar ciudadano. “La gente está dispuesta a defender su derecho a la salud”, proclamó, antes de recordar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, la pasada semana, condenó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por las condiciones laborales debidas a la sobrecarga de pacientes.
Rueda prefirió no entrar a casi ninguna de las cuestiones planteadas. Acusó a Pontón de “mentir y tergiversar” -también lo hizo con Luis Álvarez, del Partido Socialista, en su pregunta sobre los negativos datos industriales- y estableció comparaciones de cifras entre 2022 y el bipartito de PSdeG y BNG hace 13 años. “No cuenta una verdad ni de casualidad”, le espetó, aunque no especificó si se refería a algo en concreto. Presumió de cuentas públicas y, como prueba de su compromiso con la atención primaria -en estos momentos epicentro de la crisis-, dijo que habían hecho obras en 120 centros de salud. Sobre la ausencia de doctores no hizo más que repetirse: el Gobierno central “no convoca un MIR extraordinario” ni la crea la especialidad de urgencias. Ana Pontón tiene otra explicación, que coincide con la opinión de profesionales y sindicatos: la precariedad laboral empuja a muchos licenciados a emigrar. “En 2021, 105 médicos solicitaron en Galicia el certificado para trabajar en el extranjero. ¿Cuál es su gran logro? Que haya listas de espera en atención primaria”, resumió.
Malos datos industriales
Tambié fue al Gobierno central a quien Alfonso Rueda desvío responsabilidades en política industrial. Galicia acumula malos datos en el sector. El índice de producción industrial cayó en octubre un 5,4%, meintras la media estatal subió el 2,2%. Se lo recordó el portavoz socialista, Luis Álvarez, quien definió la acción del Gobierno gallego como “la política industrial de sacar fotografías”. “Es urgente invertir esta tendencia”, dijo. Pero la réplica del presidente no se apartó un milímetro del manual que escribió su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, en sus largos años al frente de sucesivos gabinetes en Galicia. “Problemas industriales tenemos todas las comunidades”, aseguró -en realidad, Galicia es una de las solo tres en las que ha caído la producción-, antes de preguntarse: “¿Qué necesitamos? Cuatro cosas que no dependen de nosostros”. A partir de ese punto, todo fueron ataques y reclamaciones a Sánchez y ninguna mención a que el estado de la industria gallega ya era débil antes de la pandemia y del propio Sánchez.
Esos cuatro elementos son un corredor atlántico de mercancías, una potenciación del hidrógeno verde, soluciones para la industria electrointensiva y planificación eléctrica. Y fondos Next Generation, claro, que a juicio de Rueda están siendo deficientemente gestionados por, una vez más, el Gobierno central. “La industria gallega no puede esperar. Nosotros estamos haciendo los deberes”, añadió. No concretó qué deberes. En todo caso, Álvarez no transigió: si todas las comunidades tienen las mismas reglas, ¿por qué Galicia va peor?, vino a decir. “Deje de lavarle la cara al Gobierno central”, fue todo lo que obtuvo de Rueda por explicación.