El PP gallego conocía desde hace más de una semana que los tres grupos de la oposición iban a cuestionar el presidente de la Xunta sobre la sentencia de la trama Gürtel durante la sesión de control de este miércoles. Después de que los conservadores se negaran a que Alberto Núñez Feijóo abordara el asunto en una comparecencia específica al respecto, En Marea, PSdeG y BNG utilizaron esta vía para formular unas preguntas que la Presidencia de la Cámara también preparó a su manera. Solicitando un informe de los letrados parlamentarios que, según el presidente, Miguel Santalices, lo avala para prohibir que diputados y diputadas afirmen en las sesiones que el Partido Popular ha sido “condenado por corrupción”.
“Yo sabía” que esas acusaciones se iban a producir, admitió Santalices en el pleno. Lo evidenció después de instar a la portavoz del Bloque, Ana Pontón, a retirar esa referencia a la “condena por corrupción” de la Audiencia Nacional al PP -el fallo sitúa al partido como beneficiario de la trama corrupta a título lucrativo-. La petición de Santalices, como en otras ocasiones, se apoya en el artículo del Reglamento parlamentario que faculta a la Presidencia para plantearla y, si el diputado o diputada se niega, apercibirlo formalmente y proceder a la eliminación de “conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado y de Galicia o de cualquier otra persona o entidad”. Esa negativa equivale una llamada formal al orden y tres de estos apercibimientos, a la expulsión del pleno.
El informe esgrimido por Santalices causó estupor en la bancada izquierda del hemiciclo. Fue, dijo, una “petición personal” a los letrados de la Cámara “para el manejo del debate y el control de la sesión; yo le hago caso a los letrados” mientras “en otros parlamentos cesan a los letrados”, intentó zanjar desde la presidencia. “Es tu trabajo, sólo faltaría”, agregó susurrando el vicepresidente Diego Calvo, visiblemente contrariado por las protestas de la oposición, que forzó la convocatoria de una Junta de Portavoces para exigir explicaciones y, sobre todo, intentar obtener el informe de la “mordaza”, que el socialista Fernández Leiceaga pidió sin éxito en el propio pleno.
La Junta de Portavoces se celebró, pero los grupos se quedaron sin el informe. “Es anómalo en términos democráticos”, una “vergüenza y un bochorno”, lamentó el portavoz de En Marea. El jefe del legislativo, dice Luís Villares, actúa de una manera “parecida” a la de “Estados donde se ocultaban las normas para poder perseguir a la gente” sin “siquiera saber” qué es exactamente lo que está prohibido. El presidente, dice, simplemente intenta “amordazar” a la oposición no solo evitando expresiones contra el “decoro”, sino también para “salir en defensa de su amigo Baltar”, toda vez que él mismo fue apercibido durante la propia sesión de control por recordar la acusación de ofrecer empleo a cambio de sexo de la que fue objeto el titular de la Diputación de Ourense, un caso que la justicia archivó.
“Si se trata de utilizar un informe de los servicios de la Cámara para saber hasta dónde podemos llegar en el debate sin ser llamados al orden, lo mínimo es conocerlo”, concuerda Leiceaga, quien ve al PP dispuesto a mantener la “ley del embudo” en los debates, “muy ancha para algunos, estrecha para otros”. No en vano, resalta, los grupos de la izquierda están sometidos a “límites muchos más estrictos” que los populares en general y el presidente de la Xunta en particular, “quien no tiene rubor ni empacho al lanzar conceptos muchos más duros que los portavoces de la oposición” sin que “pase nada”.
Para Ana Pontón este nuevo episodio de “mordaza” al debate político en el Parlamento es “surrealista”, un ejercicio de “insólita censura” apoyado, por si fuera poco, en un informe que los grupos de la oposición no pueden conocer, destaca. “El PP pretende prohibir en el Parlamento gallego lo que se publicó en las portadas de los periódicos y está en una sentencia”, por lo que “no vamos a aceptar mordazas”, asegura la nacionalista.
Estas palabras retiradas bajo el criterio de la Presidencia no solo es simbólica o de cortesía. Implica que las palabras suprimidas no figurarán en el Diario de Sesiones del Parlamento, el documento oficial creado para registrar todo cuanto se dice en los plenos. De este modo, quien en el futuro pretenda recuperar los debates parlamentarios de la actualidad no encontrará esas expresiones que la Presidencia de turno considera contrarias al “decoro”, por lo que para conocer exactamente el contenido íntegro de todos los debates será necesario recurrir a las grabaciones de las sesiones.