Era el penúltimo día del año y se sospechaba que el nuevo gobierno del PP en la Xunta podría aprovecharlo para avanzar alguno de sus planes en materia lingüística. Y así fue. Aquel 30 de diciembre de 2009, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo convocó como por sorpresa un Consello da Xunta en sesión de tarde y en un escenario inédito, la sala del complejo de San Caetano reformada en tiempos de la coalición de PSdeG y BNG, la misma que el PP señala como sinónimo de “lujo asiático” y “sultanato”. Estaba en marcha -o parecía estarlo- el primer recorte a la protección de la lengua gallega en la historia de la autonomía.
En realidad, en aquella tarde de diciembre la Xunta no aprobó nada sobre la lengua. Sólo dio a conocer un informe -documento sin valor jurídico alguno- que tituló Bases para la elaboración del decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia. Sus líneas principales las había expuesto ante la prensa el entonces conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, y el propio presidente. Alberto Núñez Feijóo proclamó que Galicia se disponía a “pasar de un decreto que abría la puerta al monolingüismo” y “en el que se imponía a los niños la lengua en la que se tenían que expresar” a otro basado en la “normalidad”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”, porque introducía el inglés.
En aquella intervención pública -en la que obvió mencionar que lo que el Consello sí había aprobado era pagar un millón de euros para comprar un informe sobre la fusión de Caixanova y Caixa Galicia- Feijóo también avanzó que el decreto recogería el cumplimiento de una promesa electoral: “los padres van a decidir” la lengua de la enseñanza, proclamó, mediante “una consulta que se realizará cada cuatro años y que orientará el reparto horario” de asignaturas entre lenguas. Se reproduciría así la encuesta que la Consellería de Educación había realizado en los meses previos y cuyos resultados íntegros no había divulgado. El carácter vinculante de esa encuesta fue uno de los aspectos del decreto que acabaría tumbando la justicia.
En realidad, el decreto no fue aprobado hasta mayo de 2010. Llegó a las aulas en el curso 2011-2012, momento en el que, efectivamente, comenzó a aplicarse el primer retroceso a la promoción de la lengua propia de Galicia en la enseñanza desde la existencia de la propia Xunta de Galicia, como Feijóo había avanzado aquella tarde de diciembre. Contradijo así el espíritu de la Ley de Normalización Lingüística, que señala el carácter “progresivo” de la recuperación del uso del idioma, y también la letra del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, aprobado por unanimidad aún en tiempos de Fraga y transcrito en el anterior decreto sobre las lenguas en la enseñanza, el que en 2007 había estipulado un mínimo del 50% de las materias en gallego. Fue entonces cuando la Xunta acabó admitiendo que, en realidad, mientras afirmaba que el gallego era mayoritario en la enseñanza había detectado justo lo contrario.
Los resultados
Los resultados de aquel recorte a la protección del gallego en la enseñanza son obvios una década después, según recientes análisis cuantitativos y cualitativos. Entre ellas no está la evaluación formal de los resultados del decreto por parte de la Xunta, que el Gobierno gallego siempre se ha resistido a divulgar.
Así, por ejemplo, el Consello da Cultura Galega acreditaba en 2017 cómo el mito de la “imposición del gallego” que el propio Feijóo había contribuido a agitar llegó a cuajar entre la población más joven. En un sentido semejante, la Real Academia Galega subrayaba el pasado 2018 que la escuela está actuando como un agente “desgaleguizador”.
Análisis como el de la RAG han sido recogidos por el Consejo de Europa, que en su última evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias ha reclamado la “inmediata” eliminación de las “limitaciones a la docencia en gallego”. El presidente de la Xunta, por su parte, ha optado por desdeñar el estudio: “Allá los autores del informe”, despachó Feijóo al ser preguntado al respecto.
También los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística permiten observar que el uso de la lengua gallega ha menguado entre la población en edad escolar en esta década y se ha estancado entre las personas que entonces estaban en las aulas de la enseñanza pública. Así, alrededor del 20% de la juventud que en 2018 tenía entre 15 y 29 años hablaba “siempre” en gallego, proporción semejante a la de hace una década. No obstante, quienes hablan “más gallego que castellano” han pasado del 24% a apenas el 18% y quienes utilizan el castellano “siempre” han pasado del 25% al 31%.
El panorama se corresponde poco con el augurado con Feijóo aquel 30 de diciembre de 2009, cuando había dado por hecho un equilibrio entre idiomas gracias a su decreto. “Si hay desajustes será probablemente por problemas pedagógicos, no del decreto”, había dicho, trasladando así eventuales disfunciones a cada colegio.