Una poco habitual rectificación tras una protesta pública prácticamente inédita. La pasada semana salía a la luz que referentes de las principales instituciones científicas de Galicia, desde responsables de decanatos universitarios hasta figuras reconocidas internacionalmente como el genetista Ángel Carracedo o las farmacólogas María José Alonso y Mabel Loza habían optado por golpear en la mesa de la Xunta. El decreto con el que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo preveía regular la contratación de personal investigador público suponía “frenar la capacidad de Galicia para avanzar, innovar y revertir” a la sociedad los “beneficios” de la propia investigación científica y por eso debía ser “paralizado”. Así se lo hicieron saber por carta al presidente gallego, que este jueves ha admitido que su gabinete ha optado por retroceder en sus intenciones.
Preguntado al respecto tras la reunión semanal del Consello da Xunta Feijóo ha mantenido, como ya habían hecho otros departamentos del Gobierno de Galicia, que lo que “pretendíamos” con esta norma era “dar mayor estabilidad, sin duda”. “Pero es cierto -constata- que hay un rechazo por parte de algunos investigadores en relación a este asunto”, por lo que “mientras no haya una aproximación, no vamos a aprobar ese decreto”, anunció.
“Si lo que buscamos es darle estabilidad” al personal investigador público y “parece” que el decreto “va a producir lo contrario”, lo “lógico por parte de un Gobierno que escucha es paralizar la tramitación de ese decreto y esperar al momento idóneo” y “una propuesta idónea”. La intención, asegura, será “que la comunidad de investigadores se dé cuenta de que este decreto está a su favor, no en su contra”. Así las cosas, concluye, “el decreto en este momento lo vamos a paralizar” y “vamos a valorar las propuestas y los planteamientos”. “Eso sí -subraya-, dentro de la ley”, ya que la “estabilidad” del personal dedicado a la investigación científica “tiene un límite, que es las capacidades legales de un Estado de derecho”.
Queda así en suspenso un decreto cuyo rechazo había unido las firmas de los mencionados referentes de la investigación científica, así como de profesorado de las tres universidades gallegas y de entidades académicas como el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago o el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Tras unos años en los que el personal investigador público se redujo hasta un 20% la nueva normativa iba “a excluir”, a efectos prácticos, la “posibilidad de que haya investigadores estables en Galicia”, lo que implicaba una “discriminación negativa contra esta profesión”, además de “dificultar la capacidad de atracción y retención de talento” y “obstaculizar la captación de recursos y personal”.
Las voces directamente implicadas en el mundo de la ciencia se unían así a una reclamación que hasta ese momento solo había surgido en el ámbito sindical y, en algunos casos, también en la oposición parlamentaria. Así, el sindicato CIG había advertido el pasado marzo de que el decreto iba a dificultar la “continuidad de proyectos de investigación sanitaria que están en marcha”, instaurando una especie de “temporalidad indefinida” para gran parte del personal mientras se “abusa de la figura de la figura del investigador distinguido” y se “impide que el personal adquiera estabilidad laboral y derecho a la continuidad en sus puestos”.