El ex jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), Christopher Carr, ha subrayado en el juicio por el accidente del tren Alvia que el riesgo de descarrilamiento en la curva de Angrois “no se percibió y no se mitigó”. Carr, que ahora es responsable del departamento ejecutivo de este organismo europeo, se reafirmó en su declaración ante la jueza, a propuesta del abogado de la plataforma de víctimas, en que, según las normas comunitarias, Adif y Renfe debían haber analizado el peligro en A Grandeira.
Preguntado en concreto sobre si debían haber analizado el riesgo de la curva y la velocidad de servicio, respondió que “sí, había que tenerlo en cuenta”, puesto que estos elementos entrañan “un riesgo de descarrilamiento”, recoge Europa Press. Al respecto, se refirió a la propuesta original para la línea, la que cubría la curva con el sistema de control constante de velocidad ERTMS, y opinió que esa “sería una buena forma de mitigar este riesgo”, ya que, “si por cualquier motivo el conductor no reaccionase, el sistema intervendría”. “Sería una buena forma de reducir este riesgo”, insistió.
En el proyecto original “se había identificado el riesgo y hay que identificar si está en un nivel aceptado en la primera evaluación que se hace y poner las medidas necesarias para mitigarlo”, añadió. Esta tarea se puede hacer de diferentes maneras. Al principio se propuso el ERTMS y, en su opinión, “esta medida había reducido por completo el riesgo”. “Si no se puede hacer esto hay que evaluar y gestionar correctamente el riesgo. Hay otras medidas que lo pueden reducir a un nivel aceptable”, añadió.
Cuestionó también la capacidad que habría tenido una mejor señalización del tramo: “El problema es que incluso aunque haya las señales adecuadas se está dependiendo en su totalidad del maquinista”. Por eso, “no ofrece el mismo nivel de protección que ofrecería un sistema de supervisión de velocidades” continuo como el ERTMS. Había medidas “bastante razonables que se podían haber utilizado para reducir este riesgo” y que “no requerían enormes esfuerzos”, defendió.
“En este caso teníamos un riesgo catastrófico, pero se podían tomar al menos tres medidas”, expuso, en referencia al ERTMS en todo el trazado -como preveía el proyecto original-, programar una velocidad de salida con el ERTMS -en el proyecto modificado- o un sistema de control “puntual” con balizas ASFA, que fue “lo que se hizo después” del accidente. Estas “son algunas de las soluciones”. Él, añadió, habría esperado que “al menos se hubiese utilizado una”.
Críticas a la investigación española
En otro momento criticó que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) hiciese referencia a descarrilamientos anteriores y dijese que “no era lo mismo” porque “no había una curva”, como en Angrois. “Cuando ocurre algo como lo que ocurrió -una situación en que no se controla la velocidad-, igual sí hay que tenerlo en cuenta”, reprendió, antes de reiterar que “hay que tener siempre una protección adicional” al maquinista.
En su intervención, Carr recalcó que “es necesario realizar la integración segura”, esto es, “no solo evaluar la línea, sino cómo se integra en el sistema existente”. El exresponsable de seguridad de la ERA dijo que se dieron “una serie de fallos en el sistema”. Sobre la investigación de las causas, manifestó que “hay que llegar a la causa real del accidente”, lo que entiende que no hizo la CIAF, que únicamente señala al error humano del maquinista: “Que el maquinista no controló la velocidad lo sabemos todos”. Pero lo que “hay que saber” es cómo es posible que haya “una curva, una línea de alta velocidad y que el maquinista sea el único sistema” de protección. “Estas causas fundamentales son las que tienen que ser evaluadas y en mi opinión no se evalúan” en el informe oficial del Estado español, reiteró.
Al comienzo de su declaración, Carr ratificó tres documentos que constan en la causa y que recogen las ideas que expuso este jueves. Son, en concreto, el correo electrónico que envió en su día a la plataforma de víctimas, el informe de asesoramiento que la ERA escribió a petición de la Comisión Europea tras una reunión que esta tuvo con la plataforma de víctimas y la respuesta que emitió a las preguntas que le envió el juzgado de instrucción.