El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de restar importancia a las alegaciones presentadas contra el proyecto para instalar una macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo). Asegura que el 98% de los documentos que ha recibido la administración autonómica contra los planes de Altri son “copias de la misma alegación” firmadas por diferentes personas. Ha dado la cifra global de 25.000 y ha rebajado a 200 las que son distintas entre sí. “Entenderán que hablemos de una actuación orquestada”, dijo.
Cuando, a finales de mayo, la Xunta hizo balance de las alegaciones recibidas, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, manifestó en una entrevista en Onda Cero que eran en torno a 23.000 y habían detectado “modelos” repetidos en la documentación recibida. Pero este departamento de la Xunta indicaba que aquello era “perfectamente válido” y que todas las objeciones se tendrían en cuenta. Este lunes, sin embargo, Rueda citó una información publicada por ABC y la utilizó para reducir la contestación trasladada en las alegaciones a una campaña “muy evidente” porque “la mayoría” tienen el mismo contenido. El diario informa de que las alegaciones son poco más de 24.000 y que las que no se repiten son 293.
El presidente gallego insistió en que hay “un modelo tipo que la gente firmó”. “No me meto en si las firmó libremente, que seguro que sí”, agregó. El proceso de evaluación del proyecto está ahora mismo en manos de los técnicos. El resultado, añadió, se dará a conocer cuando sea definitivo. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ya avanzó, sin embargo, que los informes que están listos por el momento son favorables a los planes de Altri.
Rueda hizo también alusión, en respuesta a una pregunta en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, a las críticas de Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que informaron de que hace una semana que a los firmantes de las alegaciones les están llegando requerimientos para justifiquen su condición de personas interesadas. Lo interpretan como un intento de la Xunta de “deslegitimación masiva” y de “amordazar” a quienes alegaron. “Como gallegos y gallegas, afectados por su impacto, tenemos derecho a tener información de la administración: exigimos que nos cuenten lo que están haciendo”, replican.
Para el presidente gallego las peticiones de la Xunta se encuadran en el respeto a las normas: “Cuando el cumplimiento de la ley no les conviene dicen que son requerimientos no democráticos”. La movilización social que ha desatado el proyecto de Altri se ha encontrado en estos meses con las críticas del presidente gallego, que ha vinculado las protestas con el BNG y rechazó una reunión tras una manifestación en junio en Santiago -unas semanas después de una masiva protesta en Palas-. Ha cargado también contra órganos consultivos de la Xunta, como el Consello da Cultura Galega, que emitió un duro informe contra los planes de levantar una macrocelulosa en A Ulloa.