Rueda llama “informe a favor del BNG” a un documento por el traspaso de la AP-9, medida con la que dice estar de acuerdo

La teoría dice que el Partido Popular de Galicia está de acuerdo con BNG y Partido Socialista en la necesidad de, como mínimo, transferir la gestión de la AP-9 a la comunidad autónoma. Así ha quedado reflejado varias veces en acuerdos unánimes del Parlamento gallego. Y pese a esas pruebas, Alfonso Rueda ha calificado de “informe a favor del BNG” un documento encargado por la formación nacionalista en el que dos profesores de la universidad pública coruñesa argumentan que su rescate sería más barato de lo que considera Xunta y Gobierno central. Lo hizo este miércoles durante una sesión de control en la Cámara autonómica en la que también admitió, tal vez de manera involuntaria, la dejadez de las políticas de vivienda pública en 15 años de ejecutivos del PP.

Fue Ana Pontón la que se interesó por la Autopista del Atlántico -une Ferrol con Tui, en la frontera con Portugal- y los movimientos del gabinete de Alfonso Rueda en dirección a lograr la transferencia. “Tenemos que pagar peajes hasta 2048 por culpa de José María Aznar”, hizo memoria, en relación a la ampliación de la concesión aprobada en 2000 y que ahora cuestiona la Comisión Europea, “Audasa haciendo caja y usted callado”. No fue la única mención a la compañía propietaria de la infraestructura desde que también Aznar completó su privatización 21 años atrás. La portavoz nacionalista afirmó que el Gobierno gallego había encargado un informe sobre la transferencia de la infraestructura a la cosa pública a una empresa que habitualmente trabaja para Audasa. Rueda no lo negó, tampoco dio explicaciones.

Según la consultora Eptisa, contratada por la Xunta, el rescate puede costar a las arcas del Estado unos 2.355 millones. Según los profesores Carlos Aymerich, exportavoz del BNG en el Parlamento gallego y profesor de Derecho en la Universidade da Coruña, y su colega José Antonio Blanco, serían solo 904, dado que no cabría indemnización a Audasa por ser la prórroga, señalan, ilegal. “El rescate no solo es viable sino lo más adecuado”, aseguró Pontón. Alfonso Rueda no discutió el contenido del documento ni las declaraciones de Pontón. Pese a, supuestamente, compartir con el Bloque el objetivo de transferir la AP-9 -sobre su rescate público, el PP siempre se ha mostrado ambiguo-, Rueda prefirió atacar a uno de los autores del informe por haber sido dirigente nacionalista y se burló de que Ana Pontón expusiese la historia de la privatización de la AP-9 y el papel de Aznar en ella. “Hace oposición al año 2000. Haga oposición en el presente y no en el pasado”, le espetó.

Las preguntas de Pontón eran estrictamente sobre las actuaciones de la Xunta en la materia, pero eso no importa al jefe del Ejecutivo autonómico. El de Aymerich y Blanco es “un informe a favor del BNG” y la organización nacionalista, en línea con el argumentario habitual de estos debates, “mansa con Pedro Sánchez” y responsable del precio de los peajes de la AP-9. El hecho de que un acuerdo entre Bloque y Partido Socialista implantase por primera sensibles descuentos para los usuarios de la autopista no existe para Alfonso Rueda. “La AP-9 está peor que en el año 2000, ole el pacto que firmaron”, se atrevió a proclamar, sin extenderse demasiado.

Anuncio de una ayuda a la emancipación y “primeros gastos”

Antes había intervenido el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Su pregunta era sobre las políticas juveniles del Gobierno gallego, pero lo centró sobre todo en vivienda. “Tenemos que demostrar muchas cosas en esta legislatura”, se le escapó a Alfonso Rueda en su turno de cierre. Lo cierto es los sucesivos gabinetes del Partido Popular no se han interesado demasiado por la materia. “Construyó más vivienda pública el Gobierno socialista [en pacto con el BNG, duró menos de cuatro años] que ustedes en 15 años”, le recordó Besteiro. El presidente gallego se ha comprometido a doblar el parque público existente -4.000 viviendas, su ejecutiva se niega a informar cuántas de ellas se deben al bipartito, pese a las advertencias de la Valedora do Pobo- en los próximos cuatro años. Lo financiará con fondos europeos.

“Usarán esos fondos que el PP no quería y contra los que votó”, dijo el portavoz socialista, quien también exigió de la Xunta que apliquen la ley estatal de vivienda y ayuden a declarar zonas tensionadas y así limitar la subida de los alquileres. El presidente gallego replicó que no está funcionando, algo que desmienten los datos de Catalunya, por ejemplo. Sobre Catalunya sí quiso hablar esta vez, así lo expresó, Gómez Besteiro: el Govern de Salvador Illa ha prometido 1.100 millones de euros anuales para vivienda pública. La Xunta de Rueda, 125 millones para “suelo residencial y nuevas construcciones”. “El presupuesto catalán no es 10 veces el de Galicia”, añadió el socialista, “no le pido esas cifras, le pido determinación”. Rueda lo despachó recordando que ningún ayuntamiento socialista de Galicia ha pedido declarar zonas tensionadas -en realidad, A Coruña lo ha hecho pero desacuerdos burocráticos lo han dejado en el limbo- y prefirió hablar de educación. Anunció que habrá una ayuda a la emancipación “y los primeros gastos” y, justo a continuación y sin aparentemente advertir el oxímoron, criticó que el Gobierno central “no tiene políticas juveniles más allá de algún cheque”.