Rueda minimiza la importancia de la comisión sobre los contratos de la Xunta y acusa al BNG de ir al Constitucional para “darle vida”
El PP maniobró en el Parlamento de Galicia para evitar la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta y, una vez ese órgano se constituyó -impulsado por el BNG-, se quedó con el control y vetó la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, pese a que fue el presidente durante casi todo el periodo que se analiza. El actual jefe del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha minimizado la relevancia de esa investigación parlamentaria, ha considerado que se trata de una “devolución de algún favor” del Bloque al PSOE y que está “desinflada”. También ha restado importancia a la decisión de la formación nacionalista de pedir amparo al Tribunal Constitucional por lo que entiende que es una vulneración de los derechos de los diputados: “Supongo que es por darle vida, por hacer una segunda intentona”.
La líder del BNG, Ana Pontón, denunció este lunes que el PP boicotea la comisión “con decisiones autoritarias y antidemocráticas”, como la de impedir que fuese llamado Feijóo. El plan de trabajo, que es el propuesto por el PP y respaldado solo por este grupo, ha convertido el órgano de investigación en una sucesión de testimonios que se han centrado más en justificar la necesidad de construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y manifestar que los contratos menores son una herramienta legal que en arrojar luz sobre los propios procesos de toma de decisiones en esos contratos.
La decisión del BNG de ir al Constitucional es, para Rueda, “la constatación de que la comisión no está yendo como les habría gustado”. Interpreta que la inteción era darle una repercusión estatal y ha vuelto a referirse a ella como “comisión de difamación”. “No sé los argumentos ni cuál va a ser el resultado de esta acción legal, pero las causas están clarísimas: el fracaso de los objetivos que perseguían”, dijo en su respuesta a una pregunta sobre el asunto en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta. Sobre el hecho de que uno de cada nueve contratos con Eulen fuesen contratos menores adjudicados a dedo, se ha limitado a insistir en que se formalizaron conforme a la ley.
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