En mayo de 2016 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, remitió una carta a la responsable de Transportes de la Comisión Europea, Violeta Bulc, dentro de sus maniobras para defender la versión oficial de la investigación española sobre el accidente del Alvia ocurrido tres años antes y que dejó 80 muertos y más de 140 heridos. La dirigente española quería evitar que se publicase en los términos en los que estaba redactado el informe elaborado por la Unión Europea sobre las indagaciones hechas por España. Ese texto concluye que la investigación española no fue independiente, que tenía “debilidades” y pedía abrir otro proceso que las corrigiese. En la misiva firmada por Pastor, publicada por Praza.gal, avisaba de que España se reservaba “el derecho a adoptar medidas” ante lo que consideraba una situación de “indefensión”.
La investigación española descargaba las responsabilidades fundamentalmente sobre el maquinista que dirigía el tren cuando descarriló en la curva de A Grandeira, en la parroquia compostelana de Angrois, el 24 de julio de 2013. El informe de la UE propició que la investigación judicial fuese más allá y vaya a sentar en el banquillo en el juicio que arrancará el 5 de octubre además de al maquinista, Francisco José Garzón, al exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.
El documento que difunde el diario gallego, obtenido tras una resolución del Consejo de Transparencia que considera que la carta debe ser pública, está fechado el 26 de mayo de 2016. Pastor le dice a la comisaria que lamenta tener que poner en su conocimiento un asunto que reviste, en su opinión, “especial gravedad”. Le adjunta una comunicación del secretario general de Infraestructuras y presidente de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria en la que este informa a la ministra de que la Comisión Europea va a hacer público el informe que cuestiona la investigación española. “He encargado a nuestro servicio jurídico un informe sobre sus repercusiones y te ruego que tomes nota de que el Reino de España se reserva el derecho de adoptar medidas ante la indefensión que esta actuación pudiera ocasionar”, escribe Ana Pastor.
El informe crítico con España se publicó finalmente a prinicpios de julio de 2016, semanas después de las maniobras de la entonces responsable de Fomento y tras las elecciones generales que se celebraron el 26 de junio de ese mismo año. El texto estaba en realidad preparado meses antes, pero su publicación se fue retrasando por las alegaciones de España. Poco antes de la cita electoral de 2016, la Comisión Europea comunicó a la Plataforma de Víctimas del accidente y al BNG -habían reclamado que se publicase el informe- que debían esperar unos días más para resolver una alegación presentada por España.