La macrocelulosa proyectada por la empresa portuguesa Altri a través de la sociedad Greenfiber en Palas de Rei (Lugo) se encuentra en el ojo del huracán. La publicación en el Diario Oficial de Galicia de las características reales de una fábrica anunciada como ejemplo de economía verde y circular ha generado una ola de oposición a la que se han sumado también los partidos de la oposición, mientras el PP y la Xunta enfrían su entusiasmo.
Con el proyecto en exposición pública y el plazo de alegaciones abierto hasta el 17 de abril, existen al menos media docena de sombras que podrían dar al traste con la iniciativa.
La pastera necesita dinero (público)
Casi como quien pide limosna, Altri ha puesto por delante en todo momento que su proyecto sólo será viable si consigue financiación europea. La empresa pretende que Bruselas pague prácticamente el 30% de la inversión inicial, es decir 250 de los 900 millones de euros necesarios. Esa cantidad supone el montante total de lo que se ha habilitado en la línea 4 del Programa Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial. Aquí es donde ha encontrado finalmente hueco un proyecto que pretendía optar al PERTE de economía circular. Destinada a las “nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas”, esta línea dispone de un presupuesto de 150 millones de euros en subvenciones y 100 más en préstamos. Si Altri los consiguiese, querría decir que ningún otro proyecto similar en el Estado recibiría ni un sólo euro. Algo que ya se antoja difícil, se complica además con otro horizonte temporal: las subvenciones,que aún no han sido convocadas, tienen que estar ejecutadas antes del 1 de enero de 2027 y la empresa ni siquiera ha comprado aún los terrenos para su factoría.
Que no cause un perjuicio significativo. Y que lo demuestre
El criterio “no causar un perjuicio significativo” –do no significant harm o DNSH– al medio ambiente es una condición indispensable para recibir fondos europeos del programa Next Generation. Los seis objetivos que se deben cumplir para ello están definidos en el Reglamento de Taxonomía: la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Incumplir uno solo supone automáticamente la exclusión de las ayudas. Cualquier empresa que quiera optar a ellas debe, por tanto, garantizar su estricto cumplimiento no sólo ahora, sino a lo largo de toda la vida útil de su proyecto. Un ejemplo es la voracidad en la captación de agua, aunque Greenfiber dice que su sistema no la “consume”, sino que la “usa”. En realidad, pretende tomar del Ulla 46 millones de litros diarios –tantos como toda la provincia de Lugo– y devolver 30 millones. Tal y como destaca Greenpeace, “en su solicitud a Augas de Galicia, por un período de 75 años, no ha tenido ni siquiera en cuenta las proyecciones futuras de cambio climático y posible escasez de agua” del curso del río.
Una ubicación limítrofe con la Red Natura
La intención de Altri es ocupar 360 hectáreas para levantar una instalación de 112 a las puertas de la Serra do Careón, un área de máxima protección ambiental incluida en la Red Natura 2000. No sólo se han proyectado 12,5 kilómetros de canalizaciones que atraviesan esta superficie protegida: el lugar exacto donde se levantará la pastera fue propuesto en dos ocasiones por la Xunta para la ampliación de la Red. “Es escandaloso comprobar cómo lo que en 2011 era la silueta de una zona a proteger hoy coincide exactamente con el perfil de la instalación”, denunció Greenpeace. Además, el área alberga varias especies en peligro de extinción, endemismos únicos en el mundo y 17 especies que, según Bruselas, deben ser objeto de medidas de conservación según Bruselas. Actualmente, Galicia es la comunidad autónoma con menos territorio cubierto por Red Natura apenas un 12% frente el 27% de España; también, la que menos la ha aumentado desde 2004. La Comisión Europea, que en septiembre llamó a España a completar su Red, consideraba apenas un mes antes que el Plan Director elaborado por la Xunta para gestionar estos espacios “no cumple los requisitos” ni fija “objetivos y medidas de conservación detallados y específicos”
El rechazo de los vecinos
No estaba entre los tres argumentos que el responsable del proyecto, Bruno Dapena, enumeró en Palas de Rei como claves para que el proyecto salga adelante –la autorización ambiental, la financiación europea y la ingeniería–, pero la oposición de vecinos y ayuntamientos de la comarca ha generado un clima de auténtico rechazo social a la pastera. “Trataremos de seguir explicándonos cuantas veces sea necesario”, aseguraba Dapena horas antes de decidir suspender la gira informativa por los concellos afectados debido al clima de “agresividad” de algunos colectivos, un argumento que compraron tanto la Xunta como el PP y que indignó a alcaldes como el de Agolada y a la plataforma Ulloa Viva. La oposición, por cierto, cruza Galicia y llega a la desembocadura del Ulla, en la ría de Arousa, donde trabajadores del mar y ecologistas temen lo que les pueda llegar por las aguas del río.
La quiebra de la unanimidad política
La iniciativa de Altri fue aprobada por el Consello de la Xunta como un “proyecto estratégico” y refrendada por unanimidad de los tres grupos del Parlamento de Galicia –PP, BNG y PSOE– en febrero de 2022. Sin embargo, la publicación de las características de la instalación en el Diario Oficial de Galicia a principios de marzo de 2024, dos semanas después de las elecciones, hizo replantearse su postura a las fuerzas de la oposición. Mientras los populares siguen esgrimiendo el acuerdo parlamentario, nacionalistas primero y socialistas después han ido dejando claro que aquello a lo que dieron luz verde no tenía nada que ver con lo que ahora se han encontrado. El Bloque habla de “bomba ambiental” y aunque el PSOE, más cauto, empezó confiando en las “exigencias” de Europa, ambas fuerzas se aliaron en la Deputación de Lugo para tumbar una iniciativa del PP en defensa de la fábrica, un rechazo que ayuntamientos y grupos municipales de la comarca habían ido dando a conocer en un goteo constante.
Las primeras dudas en el PP
“Depositamos cierta esperanza en esa parte del PP que se ha vuelto contra la macrocelulosa al conocer los datos”, aseguraba en una entrevista con elDiario.es la portavoz de Ulloa Viva. Marta Gontá. Unas dudas que han detectado entre las bases populares –incluso en ayuntamientos como Palas de Rei, con gobierno del PP– y que son, dicen, la causa de la rebaja en la euforia de los representantes políticos cada vez que se refieren a la planta. El último, el portavoz parlamentario, Alberto Pazos: “Si los técnicos dicen que es viable, desde luego contará con todo el apoyo de la Xunta; si no lo es, se descartará como tantos otros”. Una prudencia que se aleja del tono triunfalista de la conselleira de Economía en funciones quien, apenas 20 días antes, lo consideraba un proyecto “absolutamente redondo desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad”.