Hace dos semanas una perrita de seis meses fue arrojada desde la ventana de un edificio en Lugo, desde una altura indeterminada. El animal sufrió heridas muy graves, al fracturarse ambos fémures, y fue trasladado por la Policía Local a un servicio veterinario de urgencia. Sin embargo, en ese momento sus dueños -una pareja que reside en el edificio desde el cual se había precipitado la perra- se negaron a la asistencia sanitaria, exigiendo la devolución del animal y negando haber sido los responsables de la caída.
Días después, una vez que la noticia fue publicada en la prensa local y las redes sociales, se hizo cargo de la investigación la jueza Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, que se encontraba de guardia. Tras tomar declaración a la pareja, la magistrada acaba de dictar un auto en el que no sólo les retira la custodia del animal y les impide “temporalmente y con carácter provisional” tener otras mascotas, sino que les prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la perra, que ha sido trasladada al Hospital Veterinario Rof Codina para ser operada y recuperarse de sus lesiones. Allí, además, ha sido bautizada como Catalina.
Pilar de Lara critica también la actuación de los agentes de la Policía Local que localizaron al animal, que “podrían y deberían haber adoptado medidas cautelares o preventivas”, como “el decomiso y la intervención cautelar” de la perra, cumpliendo así la Ley de Bienestar Animal de Galicia y la propia ordenanza que sobre esta materia tiene el Ayuntamiento de Lugo. La inacción de la Policía Local provocó que Catalina no fuese operada hasta 8 días después de su accidente, y sólo gracias a la intervención de oficio de la magistrada.
Defensa de los derechos de los animales
Pero el auto de la jueza, de 28 páginas, va mucho más allá de este caso concreto y se convierte en un alegato en defensa de los derechos animales y su bienestar, un docuemento muy crítico con las herramientas legales existentes y las políticas públicas aplicadas. El texto señala que España cuenta con una de las legislaciones más relajadas en protección animal en toda la UE y destaca que los “pequeños logros” de los últimos años sólo han sido posibles gracias “a la presión y lucha denodada, constante e inquebrantable de asociaciones animalistas” y frente al escaso interés de los poderes públicos.
“El creciente rechazo al maltrato animal, que ha ido calando con fuerza en la conciencia ciudadana, no se ve respaldado por un sistema legal que resulte operativo”, denuncia, lo que lleva a que sean “muy escasas las sentencias condenatorias a pesar de la duplicación de las denuncias por maltrato animal”. La magistrada critica, así mismo, que ni juristas ni cuerpos policiales cuentan con la necesaria formación ni sensibilización sobre este tema.
“Es de justicia reconocer que si este juzgado ha podido actuar a tiempo y conseguir salvar la vida de la perra y su movilidad ha sido gracias a la actuación ciudadana y a la labor informativa desplegada en este caso por el diario El Progreso, que se hizo eco de las quejas vecinales, más que a la agilidad de la propia actuación administrativa y policial”, añade.
El auto critica igualmente “que a estas alturas no se hayan fomentado políticas públicas y administrativas dirigidas a hacer realmente efectivos los derechos al bienestar de los animales, impulsando la necesaria concienciación social ya desde la infancia para lograr reconocer que los animales son seres capaces de sentir placer, miedo, dolor, ansiedad, estrés..., y también de sufrir, resaltando la importancia de la relación directa que existe entre el bienestar animal y el bienestar mismo de la humanidad”.
Pilar de Lara denuncia “la crueldad y la perversidad humana contra los animales” y añade que quien “desprecia la vida hasta el punto de maltratar o abandonar a una mascota habitualmente también despliega su instinto agresivo contra una mujer, sus hijos, menores, ancianos, vecinos u otros ciudadanos a los que considera inferiores”.
En ese sentido, califica de “gran asignatura pendiente” la inclusión del bienestar animal en la Constitución y la aprobación de una Ley Estatal de Protección Animal que profundice en sus derechos y supere la actual diversidad normativa entre unas y otras comunidades. Critica, además, los “espectáculos cruentos y festejos populares, patrocinados e incluso financiados por entes públicos que se toleran, amparan y protegen por valores y conceptos sagrados como los de arte, cultura y tradición”. “Clama al cielo que en determinados ámbitos se sigan cosificando y mercantilizando a los animales, negándoseles su condición de seres vivos y sintientes, lo mismo que en su momento se negaban los derechos a los esclavos y a las mujeres”, concluye.
El auto atribuye la custodia provisional de Catalina a la sociedad Protectora de Animales de Lugo, una vez que el hospital le dé el alta a la perra. También indica que en el momento en que la Protectora decida formalizar una adopción o acogida para el animal requerirá de una autorización judicial.