“En cierto modo, Galicia está en cierre perimetral”, con este argumento inició Alberto Núñez Feijóo su respuesta a si los gallegos pueden esperar una limitación de movimientos para entrar y salir de la comunidad. Con las comunidades de Asturias y Castilla y León cerradas, y la prohibición de cambiar de ayuntamiento en Portugal hasta el próximo martes, Galicia es una de los cinco territorios del Estado que permite a sus ciudadanos salir de la comunidad hacia otras zonas sin restricciones, como Valencia o Extremadura, y se beneficia del cierre impuesto en otros territorios. Por el momento, la Xunta de Galicia descarta un cierre perimetral e insiste en que las limitaciones se harán por áreas más pequeñas. La vista está puesta en la situación de las ciudades gallegas.
Al Gobierno de la Xunta le preocupan las cifras de urbes como Vigo, Ferrol, Pontevedra y Lugo y algunas zonas metropolitanas alrededor en las que “hay riesgo evidente”. Las nuevas restricciones podrían llegar mañana viernes, tras la reunión del comité clínico del Gobierno gallego que hace dos días descartó endurecer las limitaciones en la comunidad. “Prácticamente todas las ciudades, con menor intensidad A Coruña, están en situación de riesgo”, apuntó Feijóo, que aseguró que la Xunta será coherente en sus próximos pasos con las decisiones para frenar la expansión del coronavirus que se han aplicado en Ourense -que lleva más de tres semanas cerrada- y Santiago -donde solo se pueden reunir personas que vivan juntas y donde las cafeterías y bares están cerrados-.
El conselleiro de Sanidade, que se reunió en esta jornada con varios alcaldes de ciudades gallegas, avanzó la posibilidad de que mañana viernes se imponga “algún tipo de restricción adicional” en los ayuntamientos de Pontevedra y Lugo. “Lo cierto es que, a pesar de esas medidas [toque de queda y reuniones limitadas a cinco personas], vemos que la tendencia sigue en crecimiento”, afirmó Julio García Comesaña. Alberto Núñez Feijóo insistió en que, con los datos registrados esta semana, la Xunta “no contempla el cierre completo” de la comunidad ni el “confinamiento obligatorio” de los ayuntamientos.