El Supremo juzgará en enero a Baltar por conducir a 215 kilómetros por hora

José Manuel Baltar se sentará en el banquillo del Supremo el próximo 13 de enero por un delito contra la seguridad vial. El tribunal ha fijado para ese día el juicio contra el senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense por conducir a 215 kilómetros por hora por una carretera en Zamora. La Fiscalía pide una multa de 1.800 euros para él además de un año de retirada del carnet de conducir. En el juicio, además del propio senador, tendrán que declarr los guardias civiles que realizaron el atestado.

Tal y como reveló elDiario.es en exclusiva, un radar de la Guardia Civil cazó al entonces presidente de la Diputación y del PP ourensano cuando conducía su coche a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos. El político, hoy senador autonómico del PP, pagó una multa pero además fue denunciado por lo penal al haber superado holgadamente el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora de esa carretera.

A lo largo del procedimiento Baltar ha intentado evitar el banquillo poniendo en duda la medición del radar de la Guardia Civil y alegando, también, que no puede ser juzgado por lo penal si ya pagó una multa en un procedimiento administrativo. Por el momento los jueces han rechazado estas alegaciones pero volverán a ser estudiadas durante el juicio que arranca en enero y su estrategia de defensa se desarrollará con pruebas como la declaración de los guardias civiles, la documental sobre la inspección de la carretera, el análisis del radar y el boletín de denuncia por exceso de velocidad.

La magistrada Ana Ferrer procesó a Baltar el pasado mes de junio. Un auto en el que la jueza explicó que su conducta, conducir a casi el doble del máximo permitido, es una de las actitudes “estadísticamente más arriesgadas para la seguridad en el tráfico rodado”. Conducir a esa velocidad, reprochó también la jueza, “incrementa inadmisiblemente el riesgo de daños personales y materiales”.

El caso de Baltar llegó al Tribunal Supremo después de una primera fase de tramitación en los juzgados ordinarios de Zamora. Su nombramiento como senador del PP por Galicia, designado por el partido de Alfonso Rueda, provocó que las diligencias se trasladaran a la Sala de lo Penal por su aforamiento.