La conflictiva situación interna de la Compañía de Radio Televisión de Galicia ha dado un nuevo paso. Trabajadores del ente público, organizados en la plataforma Defende a Galega, han presentado una queja ante la Valedora do Pobo por el incumplimiento de la Lei de Medios aprobada en el Parlamento de Galicia hace ya una década. La CRTVG no ha desarrollado aspectos clave de la norma, como el estatuto profesional, el consejo de informativos que vele por la “independencia, veracidad y objetividad” o la elección del director general por mayoría parlamentaria de dos tercios.
El documento presentado a la Valedoría -organismo autónomo equivalente al Defensor del Pueblo estatal- recoge en 19 páginas lo que sus autores denominan “quebrantamiento sistemático de disposiciones relevantes” de la ley. Además, explican lo que entienden como “acciones que avanzan hacia el desmantelamiento de los medios públicos”, por ejemplo la emisión de programas grabados en las horas centrales de la Radio Galega durante el verano o la Navidad, “a pesar de de contar con personal suficiente para realizarlos en directo” o la “alarmante reducción de la programación propia”.
La denuncia enumera además una larga serie de episodios de “control político, manipulación y ausencia de pluralismo ideológico” y de “graves limitaciones a la libertad de expresión”. Entre ellos, las represalias contra la presentadora Tati Moyano después de que esta, en un acto al margen de la televisión, criticase la deriva del canal público; la ocultación en los informativos del premio José Couso a Defende a Galega concedido por el Colexio de Xornalistas de Galicia; la tardanza en informar de la vacunación irregular de la alcaldesa de Boimorto, o la “ocultación y censra según tácticas sistemáticas cuando se trata de noticias contrarias a los intereses de la Xunta o del PP”.
La queja incluye además la supresión de la información local, la desarticulación del histórico Diario Cultural de la Radio Galega, la cada vez mayor presencia del castellano en una programación que, por estatutos, debe hacer “promoción, difusión e impulso de la lengua gallega” o el “incumplimiento de las normas de igualdad” en casos como el del programa Land Rober, cuando una mujer fue presionada para encontrarse con su ex pareja, con la que había roto debido a sus actitudes controladoras.
Los empleados organizados como Defende a Galega han registrado la protesta ante la Valedora do Pobo cuando cumplen 160 viernes consecutivos de reclamación de reclamación del cumplimiento de la Lei 9/2011 de medios públicos, “el fin de la manipulación informativa y del proceso de desmantelamiento” del ente.