Los tres principales acusados en la trama de proxenetismo en clubs de Lugo bautizada como 'operación Carioca' se sientan este martes en el banquillo. Para ellos se piden penas de cárcel que suman 500 años por decenas de delitos de prostitución coactiva, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. El abogado de uno de los cabecillas asegura que hay un acuerdo con la Fiscalía para rebajar las condenas a quienes estaban al frente de la trama en los prostíbulos Queens y La Colina y para suspender la de la persona que supuestamente se encargaba de localizar a mujeres en situación precaria en Brasil y trasladarlas a Lugo.
Quienes se sientan ahora ante el tribunal son José Manuel García Adán y José Manuel Pulleiro, responsables del Queens y La Colina y que tienen ya condenas a sus espaldas. En el caso de Adán, en 2014 fue condenado a 21 años de cárcel por maltratar y agredir sexualmente a su exmujer. También aceptó el año pasado una condena de un año por presionar a una prostituta, que ejercía en el Queens, para que abortase. Según el escrito del ministerio público, los acusados controlaban desde 2005 a las mujeres a las que obligaban a prostituirse en los dos locales.
Con ellos deberá comparecer la tercera acusada, G.P.S., a la que se le atribuye la responsabilidad de buscar a las mujeres y, a través de la empresa City Tour, organizar los viajes a España, por los que se les reclamaba una deuda inicial de 3.000 euros. Esta persona se comunicaba con ellas por teléfono utilizando un pseudónimo y les explicaba las condiciones: ellos les darían el dinero necesario para justificar que tenían medios económicos suficientes para su estancia en España y ellas debían devolver las cantidades a Adán y Pulleiro.
Para poder reintegrar esos fondos, las mujeres tenían que prostituirse en estos locales, en los que la trama las obligaba a permanecer hasta que hubiesen saldado la deuda. Les descontaban cada día una parte del dinero ganado. El escrito de acusación sostiene que, con el objetivo de conseguir que las mujeres no abandonasen el ejercicio de la prostitución y así poder obtener un mayor beneficio económico, los dos investigados “crearon un ambiente de violencia, generando un clima de temor, caracterizado por la agresividad”. Era habitual que uno de ellos llevase encima armas de fuego, lanzase cuchillos o las amenazase para asustarlas e impedir que se planteasen dejar el local por temor a las represalias. En paralelo, la deuda de estas mujeres se iba incrementando con los gastos diarios de alojamiento y manutención.
Los dos principales acusados se beneficiaban de las ganancias que obtenían las mujeres a través de la prostitución. Ellos eran los que imponían las condiciones de horarios y precios y aplicaban una serie de normas no escritas, como multas aleatorias. “Las condiciones en las que trabajaban las mujeres eran de extraordinaria dureza, tanto por las normas de trabajo impuestas, como por las reglas de conducta y convivencia fijadas por los acusados”, señala el escrito.
El abogado de Pulleiro, Cándido Conde-Pumpido, expone que hay un acuerdo de conformidad para rebajar las penas de los acusados en esta pieza de la Carioca. En el caso de su cliente, asegura, supondrá que no tiene que volver a ingresar en prisión. Esto se debe a que la mayor de las penas no superaría los 14 meses y medio y la ley establece que la pena máxima a cumplir no puede superar el triple de la pena más alta impuesta. Dado que Pulleiro ha estado en prision tres años y siete meses, entiende que ya no deberá volver. En el caso de García Adán, su interés es que se vayan cerrando los procedimientos que tiene pendientes para poder acceder a beneficios penitenciarios, dado que ya ha sido condenado a penas que superan el máximo de 20 años de prisión efectiva que se cumple en España. Para la tercera acusada, el acuerdo implica suspender su pena, agrega el abogado. En la jornada de este martes, si prospera el acuerdo, el caso quedará visto para sentencia.
La macroinvestigación sobre la trama de explotación sexual y corrupción que implicaba a proxenetas y agentes de la Guardia Civil y la Policía en la ciudad de Lugo la arrancó la jueza Pilar de Lara en 2009. Era entonces la titular del juzgado de instrucción número 1, desde el que impulsó otros casos, como la Pokemon, dentro de la que se desarrollaron una madeja de piezas separadas. De Lara terminó por ser sancionada por su gestión en el juzgado y perdió su destino en Lugo.