La ciudad deportiva que el Celta de Vigo está levantando en el municipio de Mos (Pontevedra), vecino del de Vigo, tiene el respaldo y el impulso del PP desde sus gobiernos en la Xunta y en el Ayuntamiento, pero no el de la Justicia, que acaba de confirmar que las licencias municipales con las que arrancaron las obras no son legales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el último recurso del Gobierno local en un pleito que comenzó cuando los propietarios de montes comunales del Taimeiga se rebelaron contra los planes de la sociedad que gestiona el equipo de fútbol y a cuyos mandos está Carlos Mouriño.
Un auto de la sección especial de casación de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal gallego inadmite un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Mos. La decisión es firme y pone fin a esta vía. Un juzgado de Pontevedra consideró en junio de 2021 “no conforme a derecho” y revocó la licencia de obras municipal dada al Celta para construir vestuarios e instalaciones auxiliares en la parroquia de Pereiras. También mandaba revisar de oficio la autorización para hacer los campos de fútbol en el mismo lugar. Contra esta sentencia apelaron el Ayuntamiento y el Celta. Pero el TSXG desestimó este recurso y razonó que las licencias “no resultarían encuadrables entre las obras autorizables por licencia municipal directa en suelo rústico”. Argumentó que el tipo de proyecto requería, según la ley del suelo de Galicia, que se tramitase previamente un plan especial de dotaciones e infraestructuras. Hace menos de un año, el Ayuntamiento de Mos aprobó ese documento con la intención de legalizar lo que ya está construido. La comunidad de montes del Tameiga también lo ha recurrido.
El Ayuntamiento ha reaccionado a la decisión judicial, que rechaza el recurso porque considera que no es necesario aclarar o matizar las sentencias anteriores, señalando que el plan especial de dotaciones está en vigor desde septiembre de 2022 y asegurando que ese documento ampara legalmente la ciudad deportiva. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha manifestado que ese documento “permitiría ese proceso de legalización”: “Según tengo entendido se está en ese proceso”.
Las obras en la zona avanzaron en terrenos comunales en la primera fase del proyecto. Había un acuerdo con la comunidad de montes de la parroquia de Pereiras para ello. Fue la oposición de la del Tameiga, a cuyos terrenos iba a afectar el plan en fases más avanzadas, la que dio inicio al litigio.
La Xunta ha dado desde el principio su respaldo al proyecto. El expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo acudió en noviembre de 2020 a un acto de inauguración de las instalaciones junto a la alcaldesa y al presidente del Celta. En su intervención defendió que el equipo merece contar con una ciudad deportiva “de primera”.
El complejo había provocado un enfrentamiento entre Carlos Mouriño y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en desacuerdo con los usos que el empresario quería para las instalaciones viguesas de Balaídos y A Madroa, que son de titularidad municipal. El primero buscó entonces aliados en un ayuntamiento de la zona distinto al que da nombre al equipo de fútbol para levantar las polémicas instalaciones. En aquel acto hace dos años y medio, Feijóo explicitó su apoyo al Celta como “estandarte del Vigo metropolitano y de toda Galicia” y sostuvo que el equipo es “patrimonio deportivo de todos” y que por ello “las administraciones deben entender su papel, respetarlo y apoyarlo”.
Las facilidades de la Xunta no se quedaron en palabras. A pesar de que un informe arqueológico que el Celta estaba obligado a hacer encontró un yacimiento de más de 4.000 años de antigüedad en los terrenos, el Gobierno gallego permitió la construcción de la ciudad deportiva Afouteza -un término que utiliza con frecuencia el club y que significa coraje o audacia-. Además, a finales de 2022 el sucesor de Feijóo al frente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, comunicó el inicio de los trámites para declarar el proyecto de interés autonómico, una consideración que facilitará la expropiación de terrenos para las fases que están todavía pendientes de construir.
Una “industria del ocio”
La comunidad de montes del Tameiga ha mostrado su satisfacción por la última resolución judicial contra lo que califican de “despropósito urbanístico” del Gobierno local de Mos, que autorizó las obras. “La ciudad deportiva sigue careciendo a día de hoy de ninguna cobertura legal”, afirman en un comunicado, en el que recuerdan que el plan especial aprobado con parte de las instalaciones ya inauguradas está recurrido ante la Justicia.
El presidente de la comunidad de montes, César Lago, confía en que la sentencia se ejecute y se restituya la legalidad urbanística. El proyecto tiene tres grupos de infraestructuras: la ciudad deportiva Afouteza, el Centro Integral para a Capacitación da Industria do Deporte y un área de servicios llamada espacio Arena. Para Lago está claro que la intención es establecer una “industria del ocio” y que los campos son “la excusa para expropiar el monte comunal y luego recalificarlo para poder construir un complejo de hoteles, restaurantes, cafeterías y juegos recreativos”.
La comunidad de montes pide a la alcaldesa, denunciada por prevaricación por conceder las licencias, que “reconozca la ilegalidad” de esos permisos y pida disculpas a los vecinos de Mos. Lago cree que esta sentencia puede servir de ejemplo “para todos aquellos que desde las administraciones piensan que pueden obrar por encima de la ley”.