Cuando la víctima descubre que su abogado está condenado por maltrato: varios casos en Galicia cuestionan las normas del turno de oficio

A varias mujeres que han denunciado violencia machista en zonas rurales de Galicia les ha caído como un jarro de agua fría conocer el nombre del abogado que les ha tocado de oficio. La Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (Fademur) tiene constancia de varios casos en los que el letrado asignado está él mismo condenado en firme por maltrato. A las dificultades que el propio proceso supone para las víctimas, se suma la imposibilidad de crear una relación de confianza con quien debe guiarlas y defenderlas, resalta la secretaria xeral de la organización, Cristina Pedreira. “Es una aberración”, dice.

Que los casos se hayan detectado en lugares pequeños tiene una explicación: “En los pueblos del rural se pierde el anonimato, para bien y para mal”. Para mal porque en estos entornos a las mujeres les cuesta superar la presión social y denunciar sabiendo que la voz se va a correr entre sus vecinos y para bien porque esto es lo que ha permitido que varias se hayan dado cuenta de que quien tiene que hacerse cargo de su caso de violencia machista está condenado precisamente por agresiones de este tipo. “Con lo difícil que es dar el paso en condiciones normales, imagínate si te ponen más piedras en el camino”, reflexiona Pedreira.

Fademur conoce varios casos. No concreta la cantidad, pero dice que “no son ni dos ni tres”. Presentó una queja ante la Valedora do Pobo a finales de 2020 en la que pide un cambio en las normas que regulan el turno de oficio de violencia de género para que se tengan en cuenta las condenas relacionadas. Esta institución consideró que el problema no era exclusivo de Galicia y se lo trasladó al Defensor del Pueblo. Antes se puso en contacto también con colegios de abogados. La decana del de Ourense, Pilar López-Guerrero, considera que el problema es “muy preocupante y muy grave”. El aspecto positivo es que cree que se le puede dar solución con las herramientas actuales.

Pone el foco en que el colegio no tiene forma de conocer estas situaciones por sí mismo. En el de Ourense no consta ninguna queja ni peticiones de mujeres en esta situación para cambiar de abogado, dice. “Si me cuentan un caso así, yo inmediatamente -y creo que todos los colegios- hago un cambio de letrado”, expone. En cualquier caso, plantea abordar el problema desde el ámbito legal. Se queja de que a estas organizaciones profesionales los juzgados no les informan de que uno de sus colegiados ha sido condenado por este tipo de delitos. Solo les llega información si hay una condena penal que incluye una inhabilitación para ejercer la profesión, explica. Ella considera que, con el Código Penal actual, se podrían incluir en las sentencias penas accesorias con una prohibición específica para que un abogado condenado por asuntos de violencia machista quede excluido del turno que atiende a estas víctimas. Pero en esto, añade, “hay opiniones”.

Argumenta que los colegios se encuentran con “un vacío” porque no tienen forma de conocer las sentencias. Si esta información les llega, López-Guerrero asegura que podrían adaptar sus reglamentos para apartar a estos profesionales condenados de los casos de denuncias de violencia contra las mujeres. Esta atención exige “especial sensibilidad y formación” para los letrados. Y sostiene que la reciben, tanto para empezar como una vez que ya están en el turno. “Tenemos muy claro que una víctima no puede volverse a victimizar durante el proceso de denuncia y mucho menos por la persona que es su representante”, afirma.

Por su parte, Fademur propone que, para entrar en el turno especializado en violencia machista, los abogados tengan que aportar periódicamente su certificado de antecedentes penales. “Como se hace para trabajar con menores”, dice Pedreira. Si hay una condena firme por un delito de esta naturaleza, reclaman que los colegios de abogados retiren a los profesionales de estos casos. Piden cambios en las normas: “No queremos que todo esto se quede en meras recomendaciones”.

Fademur le acaba de trasladar también sus quejas al Gobierno gallego. En una reunión con el director xeral de Xustiza el pasado martes, apreciaron “receptividad”, pero están a la espera de que les dé una respuesta.

Pedreira insiste en el impacto que esto tiene en las mujeres víctimas de violencia machista que denuncian: “el nivel de confianza en el letrado es ninguno”. Esto, opina, tiene especial importancia porque se trata de casos en los que hay que relatar experiencias íntimas. Se pregunta “qué implicación” y qué “empatía con la víctima” tiene una persona que ha sido condenada por este tipo de violencia. Funciona como otro elemento disuasorio más para las mujeres del rural, lamenta.