La portada de la revista ¡Hola! en la que Carmen Martínez Bordiu, nieta del dictador Francisco Franco, posa en el Pazo de Meirás ha reavivado la polémica el inmueble. Incautado por los franquistas al pueblo a través de ventas forzadas, descuentos en nóminas de funcionarios o bonos de supuesta compra voluntaria para regalárselo al dictador durante la Guerra Civil, el pazo es Bien de Interés Cultural desde hace años en virtud de un proceso iniciado por la Xunta en tiempos del bipartito. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia debería suponer la apertura del pazo una vez por semana –cuatro días al mes–, pero tanto el vecindario como la oposición política en el ayuntamiento de Sada insisten en que lleva meses cerrado. No obstante, una llamada al teléfono de reservas demuestra que alguien no dice toda la verdad.
Según el responsable de organizar estas visitas –que eran gestionadas por una empresa de seguridad privada– ya no quedan plazas para el presunto recorrido guiado de los últimos cuatro días de agosto determinados, aunque advierte que “pocos espacios se pueden ver ya” del pazo. “Viene más gentuza a estropearlo que a visitarlo”, argumenta quien asegura también que ya no se puede acceder a la planta superior ni a una de las bibliotecas.
Los vecinos de las zonas más próximas aseguran que lleva mucho tiempo cerrado y que allí no se ve a nadie desde hace meses, al margen de la familia Franco en sus vacaciones estivales. Desde la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) insisten en que las visitas están “paralizadas”, dato en el que coincide la oposición municipal en el Ayuntamiento de Sada.
Abel López Soto, ex alcalde y portavoz municipal del BNG, insiste en que “las visitas están y han estado paralizadas todo el año”. “Mienten descaradamente si dicen que abren el pazo, porque no es así”, asegura. ¿Cómo se explica, entonces, que los responsables de las reservas adviertan de que el cupo ya está cerrado y que aún es posible pedir cita para el mes de septiembre? “Es posible que haya demanda, porque la propia Xunta dijo hace un año que había reservas para un año y medio, pero abrir no lo abren”, insiste López Soto, tras reparar en el hecho de que incluso bares cercanos al inmueble llevan tiempo quejándose de la merma de clientes por el cierre de la residencia de la familia del dictador fascista.
Desde el PSdeG, su portavoz en el Ayuntamiento, Raquel Bolaño, acusó en la prensa a la Xunta de ser “connivente con la familia Franco” al “no exigir el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico de Galicia”, esa que obliga a abrir el pazo de Meirás a las visitas. Además, le solicitó al Ejecutivo gallego que sea “más firme” para evitar exhibiciones como la de la revista ¡Hola! Desde el Gobierno gallego aseguran no tener noticia de que las visitas estén paralizadas. “En la Dirección General de Patrimonio Cultural no consta ninguna denuncia de que no se pueda visitar este Bien de Interés Cultural”, aseguran desde la Consellería.
“Hay un problema de absoluta connivencia de la Xunta con la familia Franco. Y de permisividad. Si la Xunta hubiera ejercido su autoridad e hiciera cumplir la Ley de Patrimonio, el pazo se tendría que abrir al público”, recuerda Abel López Soto, que recuerda que los herederos del dictador siempre pusieron trabas y que siguen reclamando que el Gobierno gallego les pague los gastos de seguridad, algo a lo que la Xunta dijo negarse. Respecto a las fotos de la portada, el ex regidor dice que son “una falta de respeto a mucha gente” y unas imágenes que “nos devuelven a los años 60”.
Porque a pesar de haber sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tras determinarse su apertura al público hace ya tres años, la familia Franco siempre puso obstáculos a cumplir con la ley que impone el deber de abrir el inmueble cuando menos cuatro días al mes. Fue hace trece meses cuando los herederos del dictador facilitaron un calendario de visitas y después de que reclamaran a la Xunta que sufragara los gastos de seguridad, como así hizo durante mucho tiempo, y de organización.
Antes, y desde que el pazo fue declarado BIC, los convenios no solo se limitaron a “regular las condiciones para el desarrollo de las visitas”, tal y como afirmaba la Xunta. Además de esto, tres acuerdos entre el Gobierno gallego y la familia del dictador tuvieron un impacto de más de 50.000 euros en las arcas públicas. El primero de estos convenios, firmado para poner en marcha las visitas a las que obligaba la declaración del pazo como BIC que había promovido el bipartito, implicó un gasto de 9.513 euros para pagar un servicio de seguridad privado aunque, admitía entonces la propia Xunta, la Ley de Patrimonio Cultural no “obligaba” a hacer tal aportación económica.
En agosto de 2011 Cultura pactaba con los Franco una addenda al convenio inicial que implicaba sumarle 23.000 euros a la misma finalidad. Como informó este diario, en la primavera de 2012 salía a la luz un tercer acuerdo, en esta ocasión por importe de 21.200 euros, por lo que la Xunta seguía asumiendo los gastos derivados de la seguridad y de los guías de las visitas. En total, por lo tanto, el gasto ascendió a 53.713 euros, que salieron del erario público y no del bolsillo de los Franco.
“Se sigue sin romper con el franquismo porque ni los gobiernos del PP ni los del PSOE fueron capaces de acabar con esto. En ningún país europeo se podría dar esta situación: imaginemos a los herederos de Mussolini o Hitler presumiendo de casas o pazos en las portadas de las revistas”, explica Manuel Monge, miembro de la CRMH, quien recuerda que el pazo de Cornide, en la ciudad de A Coruña, está en una situación semejante y también es empleado por la familia del dictador para pasar varios días en verano. “Es un claro incumplimiento del espíritu de la Ley de Memoria Histórica”, insiste.