Durante la pasada década el nombre de la empresa Tragsa, participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI y de la que son accionistas varios departamentos estatales y quince autonomías, estuvo ligado en Galicia a la catástrofe del Prestige. Esta compañía, creada en 1977, fue la encargada de recoger parte del chapapote vomitado por el petrolero contra Galicia entre acusaciones de entorpecer o, directamente, impedir la labor del voluntariado. Convertida desde hace años en una especie de cajón de sastre, Tragsa viene recibiendo las más variados encargos por parte de las Administraciones públicas. La última llega del Ministerio de Educación y trae consigo un matiz centralizador: la gestión de las becas en las universidades públicas, las mismas en las que el Gobierno central disminuye sistemáticamente las plantillas.
En un contexto en el que la reposición de trabajadores y trabajadoras está reducida a la mínima expresión el departamento que dirige José Ignacio Wert ha decidido encargarle a una filial de Tragsa, Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec), el reclutamiento de cincuenta “auxiliares administrativos con experiencia en la gestión de expedientes de educación”. Estas personas, contratadas desde Madrid pero con destino a catorce autonomías distintas, entre ellas Galicia, serán enviadas a las universidades para recibir y comprobar documentos, archivar expedientes o gestionar bases de datos. Esto es, el trabajo que suele hacer el personal de administración y servicios de las instituciones académicas.
Las características del puesto ofertado por Tragsatec son sensiblemente diferentes a las de un empleado o empleada pública. Así, el contrato tiene una duración de solo tres meses con jornada parcial, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Los estudios requeridos son sólo el bachillerato y se reclama “experiencia previa en puesto similar”, ya sea gestionando “solicitudes telemáticas” o “becas y ayudas públicas”. En cualquiera caso, lo que es “imprescindible” es que esa experiencia se haya producido en el ámbito educativo. La filial de Tragsa valora también el “manejo de ordenador y alto nivel de pulsaciones”.
En este contexto, mientras Tragsatec ultima la selección de este personal el Ministerio de Educación contacta con las universidades para anunciarles la decisión de aportarles un trabajador o trabajadora por esta innovadora vía y sin intervención alguna de los gestores universitarios. El anuncio ha supuesto una sorpresa en estas instituciones y, en el caso gallego, según ha podido saber Praza Pública algunas universidades han optado por rechazar la oferta y seguir realizando la gestión de las ayudas al estudiantado con medios de la casa, esto es, con su propio personal.