“Vamos a empezar por el principio”, dijo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para arrancar este jueves la rueda de prensa en la que informó de los asuntos que trató su gabinete en su reunión semanal. Uno de ellos es el anuncio de que el Gobierno gallego va a hacer el primer censo de todos los ancianos que viven en residencias en la comunidad, sean estas públicas, privadas o concertadas, 15 meses después del inicio de la pandemia de COVID-19 que se ha cebado especialmente con la población mayor que vive en este tipo de centros. A la obligación que ya tenían las públicas se suma ahora la de las privadas y las concertadas. Habrá “un único censo” desde ahora, expuso.
El presidente gallego encuadró la iniciativa en el “nuevo modelo de residencias” en el que trabaja la Xunta y para el que cree que es necesario utilizar “todo lo aprendido durante esta pandemia”. En este momento, el Gobierno gallego está haciendo un diagnóstico y ha establecido tres líneas para avanzar: una mayor “compenetración” entre residencias y sanidad, mejoras en los propios edificios y más peso de las nuevas tecnologías. Los cambios no se van a aplicar, sin embargo, a la titularidad. El propio Feijóo ya confirmó que Galicia seguirá apostando por la gestión privada.
Como “primer paso”, la Xunta considera que es necesario “un único censo de todos los residentes en todas las residencias, con independencia de la titularidad”. Los titulares de los centros deberán dar a los usuarios de alta y el registro deberá incorporar información sobre su estado de salud. El objetivo es, según Feijóo, poder saber “en tiempo real si hay un empeoramiento de salud” de algún anciano y tener “información detallada” de su caso. En la actualidad el Gobierno gallego está recogiendo los datos de todos los centros.
A lo largo de estos 15 meses de pandemia, se han registrado problemas en la comunicación de la información de las residencias. Algunos centros fueron reprendidos por la Xunta por notificar con semanas de retraso el fallecimiento de algunos ancianos contagiados con COVID-19. En un caso registrado en el centro Vila do Conde de Gondomar (Pontevedra), la muerte se produjo a finales de noviembre de 2020, pero no se informó de la misma hasta mediados de febrero. Cuando, en enero, se conoció que el Sergas había vacunado a la alcaldesa de Boimorto en la residencia de mayores del municipio, se puso de manifiesto que el Gobierno gallego no contaba con un listado propio de los usuarios y el personal. Fue el centro el que lo remitió para iniciar la campaña de inmunización y en él aparecía el nombre de la regidora, pese a que no tenía relación con la actividad médica.
Con el censo único anunciado por Feijóo la Xunta asegura que habrá una mejor “monitorización” de los ancianos y, en una fase más avanzada, se extraerá información para elaborar indicadores “de calidad y seguridad” y evaluar la atención. También se automatizarán tareas como descontar el pago de los días que los mayores pasen fuera de la residencia si se van, por ejemplo, con sus familias.