La burbuja inmobiliaria no tuvo en Galicia uno de sus paraísos. No obstante, sí hubo quien ensayó lo que se dio en conocer como marbellización de la costa gallega, un intento que tuvo como alumno aventajado al ayuntamiento de Barreiros, liderado por Alfonso Fuente (PP), el alcalde que concedió licencias para casi 6.000 viviendas en un municipio de 3.200 habitantes pasando por encima de la secretaria municipal, que le había advertido abiertamente de que estaba cometiendo una ilegalidad.
Más de 3.000 de aquellas construcciones fueron paralizadas en 2007 por el Gobierno bipartito, que emprendió una batalla judicial contra el consistorio por su destrozo. Esa batalla fue frenada en seco por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que no sólo retiró las denuncias, sino que además puso las bases para dotar a las viviendas de servicios como saneamiento, abastecimiento o red viaria a través de un plan que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de echar por tierra.
Aquel proyecto, dotado con 14 millones de euros, de los que el 40% salían de las arcas de la Xunta, el 10% de la Diputación de Lugo y el resto, del Gobierno central y de los promotores, tuvo la forma de plan de incidencia supramunicipal. Nunca llegó a ponerse e marcha, quizás por las restricciones presupuestarias. Pero desde su aprobación por el Consello de la Xunta, en marzo de 2012, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) la llevó al juzgado y ahora, menos de dos años después, el TSXG le da la razón. No sólo no existe tal supramunicipalidad sino que además el gabinete de Feijóo incurrió en un supuesto de “desviación de poder”.
Según el dictamen judicial “no concurría ninguno de los supuestos” que, según la ley, tienen que darse para “la aprobación” de uno de estos planes supramunicipales, toda vez que las viviendas afectadas no están en varios ayuntamientos, sino que se encuentran en tres parroquias de Barreiros: San Cosme, San Pedro y San Miguel. El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Méndez Barrera es contundente con la Xunta: “la aprobación no es conforme a derecho” y “tal circunstancia determina que quepa apreciar en la actuación de la Administración demandada una desviación de poder” encaminada, según explica, a darle cobertura legal a un “problema” que tiene su “origen”, explica la sentencia, en una “actuación del ayuntamiento de Barreiros que esta Sala consideró no conforme a la legalidad en los casos en que tuvo que enjuiciarla de forma definitiva -no terminó el proceso porque la Xunta del PP retiró los contenciosos administrativos-”.
En este contexto la abogada que representó a Adega en el proceso, Montse Calvo, no duda de la “contundencia” del dictamen y el secretario general de Adega, Froilán Pallín, señala que quedó claro que el Gobierno “pretendía legalizar aquello que era ilegal”. El Ejecutivo, explica, quería “salvar con un convenio” unas construcciones que, “en el mejor de los casos”, fueron levantadas en “suelo urbano consolidado” y “en otros casos, en suelo claramente rústico”. Pero ahora la “alternativa” gubernamental “cae totalmente”, ya que el dictamen “no tumba sólo el plan sectorial”, sino “cualquier salida legal a las irregularidades y mismo delitos que hay en Barreiros, es un antes y un después tremendamente contundente”.
Así las cosas, otro de los portavoces de la organización ecologista, Daniel López Vispo, destaca que esta es una victoria “desde el punto de vista democrático”, “jurídico” y “social” que debe tener también “consecuencias a nivel político”. Ahora, una vez detectada por el TSXG “esa desviación de poder, el Ministerio Fiscal tendría que implicarse en la persecución de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que pueda haber”. En cualquiera caso, señalan, el primer damnificado políticamente por lo acontecido debería ser el consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a quien la propia Adega, recuerda Pallín, advirtió de que “este era un tema judicial y, en su caso, penitenciario”. “Para el consejero tiene que tener consecuencias políticas” una decisión tomada en un Consejo presidido por Feijóo, el mismo a quien ahora le compete decidir si recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Infraestructuras manifiesto que perseguía el “bien común” y ya estudia recurrir al Supremo
La contundencia de la sentencia del Tribunal Superior no impidió que este miércoles la Xunta intentara, con mayor o menor éxito, llevar el agua a su molino en la interpretación del dictamen judicial. Obviando la ilegalidad, el Gobierno gallego alega que “el TSXG tan sólo rechaza el procedimiento seguido para conseguir la finalidad pública”, esto es, el plan sectorial de incidencia supramunicipal, empleado, afirman, porque “tanto la Xunta como la Diputación de Lugo entendieron que la importancia de los proyectos previstos excede el ámbito del ayuntamiento, porque influye también en la dinamización de la comarca en su conjunto”. Porque el objetivo de la operación, afirman, era “actuar en beneficio del bien común”.
Según la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas el plan para inyectar fondos públicos en el desastre de Barreiros no tenía más finalidad que la de “solucionar un grave problema que incide de manera negativa en la economía de la zona”, además de “proporcionar a los vecinos unos servicios de los que carecen”. En este sentido, el departamento que dirige Agustín Hernández “destaca” que el dictamen “en ningún momento cuestiona la finalidad de interés general perseguida por las administraciones públicas firmantes del convenio”. Por todo esto, la Consellería “está analizando” la sentencia “al objeto de presentar, en caso de que así se determine, recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.