La Xunta elaborará su nuevo plan para el sector eólico sin consultar a las organizaciones ecologistas

La Xunta de Galicia ha empezado los trámites para redactar su anunciado nuevo plan del sector eólico. El documento va a revisar el actual, aprobado en 2002. El Gobierno gallego señala que buscará la participación social y la va a canalizar a través de dos mesas de trabajo: una industrial, en la que se sentarán empresas con potencia ya instalada y clústeres, y otra, denominada social, en la que estarán representados la patronal y los sindicatos. No está previsto ningún órgano para consultar a organizaciones ecologistas u otro tipo de asociaciones, en un contexto de contestación a la proliferación de parques eólicos encabezada sobre todo por plataformas vecinales y colectivos ambientalistas.
El Consello de la Xunta dio luz verde este lunes a que empiecen los trabajos del nuevo plan. La previsión, según el presidente gallego, Alfonso Rueda, es que en el primer semestre del año esté licitado el contrato para la redacción del documento y que la nueva planificación eólica de la comunidad esté aprobada en tres años. En todo el proceso, la vía para escuchar a grupos distintos a los empresarios y los sindicatos serán las alegaciones que los ciudadanos en general podrán presentar a la evaluación ambiental estratégica a la que se va a someter el documento -hasta ahora no se daba este paso y las evaluaciones ambientales se aplicaban a cada proyecto, pero no a la planificación eólica de la Xunta-.
El desarrollo eólico se ha convertido en materia de enfrentamiento habitual entre la Xunta y los grupos de la oposición y organizaciones ecologistas, pese al consenso general sobre la necesidad de avanzar en energías renovables. En buena parte de los más de 60 parques que están paralizados por la Justicia hay una asociación ecologista detrás de las denuncias. Las fricciones con los ambientalistas se han trasladado también al Consello da Minería, del que el Gobierno gallego los ha expulsado.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha comparecido junto a Rueda tras la reunión semanal del Consello para explicar las previsiones para el nuevo plan eólico y ha defendido que convocar las dos mesas de trabajo es “un plus” que ofrece la Xunta para la participación. Justificó la presencia de las empresas que ya tienen parques instalados porque, aseguró, son las que mejor conocen el recurso. En cuanto a la mesa de patronal y sindicatos indicó que se encuadra dentro del diálogo social y formará parte de este.
Rueda defendió que es necesario revisar el documento vigente, que tiene más de 20 años, para adaptarlo a los cambios normativos, sobre todo los procedentes de la Unión Europea; a los avances tecnológicos y ajustarlo al nuevo enfoque de la Xunta de que los proyectos instalados en territorio gallego deben contribuir a que se rebaje la factura de la luz. Sobre este punto, Lorenzana expuso que primero se verán beneficiados iniciativas empresariales y vecinos del entorno más próximo a los aprovechamientos, pero el objetivo es que las posibles rebajas en los precios lleguen a cada vez más ciudadanos.
La conselleira recordó que el plan vigente se modificó una única vez en estas más de dos décadas y fue para ampliar el objetivo de potencia instalada, que pasó a ser de 6.500 megavatios. Esa cifra, entre los aerogeneradores que ya funcionan y los que están en tramitación, está a punto de superarse y requiere una ampliación, aunque no ha concretado hasta qué nivel.
La superficie que se incluya en el nuevo plan, añadió, será probablemente menor que la del anterior documento porque se eliminarán zonas que ahora se conoce que tienen poco valor para aprovechamientos eólicos y, con el avance tecnológico, se podrá alcanzar mayor potencia con menos molinos.
La Xunta anuncia que, entre los objetivos, estarán crear una industria de componentes -tras varios cierres relacionados en los últimos años-, analizar las repercusiones que tienen las repotenciaciones en los propietarios de los terrenos y promover que se mantengan puestos de trabajo en el sector, que requiere mucha más mano de obra durante la construcción de los parques que en la fase de explotación.
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